Diversas organizaciones sociales, ambientales, culturales y sindicales en el departamento de Cesar, agrupados en la Alianza Colombia Libre de Fracking, se encuentran optimistas debido al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Ambiente que reposa en el Congreso de la República que busca prohibir el fracking en el país, además de suspender las licencias de exploración, explotación y los planes pilotos con esta tecnología.
En el Cesar, desde el año 2016 se ha venido gestando una lucha civil contra este método de extracción de combustibles, que se ha sentido con mayor ahínco en el municipio de San Martín, en donde se planteó un piloto de fracking. Allí líderes ambientalistas e instituciones como CORDATEC, una Corporación Defensora del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, se opusieron a la llegada de multinacionales, alcahueteadas por alcaldes como Saúl Eduardo Celis Carvajal, quien se amangualaba con las empresas, para desarrollar los planes de perforación hidráulicas que se ubicaban a un kilómetro de un complejo cenagoso.
“Recibimos esta noticia con muy buenos ojos porque se ha construido con la lucha de las comunidades y va de la mano con la intención de quitarle pesos a la industria petrolera que a su vez no es que tengan mucho interés social con las comunidades” indicó Romario Torres, líder ambientalista de San Martín, Cesar. Él también asegura que, a pesar que el municipio es un territorio petrolero, pues cuenta con más de 20 bases de extracción de crudo, “los corregimientos de impacto de los posos no tienen ni acueducto, ni alcantarillado”, dejando clara la desidia por parte de las multinacionales con las comunidades de la región.
Por su parte, Nicolás Mendoza, miembro del Foro Ambiental del Cesar, indicó que “los estudios científicos que se han realizado dan cuenta de los efectos nocivos del Fracking sobre el agua, el suelo y por ende la vida. Por esa razón se unieron al movimiento ‘antifracking’ en oposición a esta práctica de explotación con facturación hidráulica”.
Aunque en años pasados se han presentado cuatro proyectos de ley con el fin de acabar con esta práctica, este llama la atención debido al cambio del gobierno nacional, que plantea políticas progresistas a favor del medio ambiente, que tienen como propósito alcanzar las metas planteadas en el Acuerdo de París sobre cambio climático para minimiza la emisión de gases de efecto invernadero.
