Cerca de 900 millones de pesos que debieron ser invertidos en el acueducto y alcantarillado del corregimiento de Veracruz, jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira, estarían a punto de perderse. Pues las obras que debieron haberse entregado en el mes de noviembre del año 2023, no se han terminado y el contratista, al parecer, no quiere cumplir con lo establecido en el contrato. Según las investigaciones adelantadas por El Periódico, en este presunto hecho de corrupción estarían implicados el exalcalde del municipio de San Juan, Álvaro José Díaz Guerra, la Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado Sur Azul S.A E.S.P la cual, fue creada entre otros, por el hoy congresista Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa y el consorcio que se quedó con el contrato está conformado por las empresas Construcciones DB S.A.S, JC Ingeniería y Construcciones S.A.S. y José Alfonso Morón Quiróz.
Los cerca de 200 habitantes que volvieron al corregimiento de Veracruz, después que la guerrilla a finales de los años 90 los obligara a abandonar sus tierras, hoy se sienten nuevamente revictimizados, pues cuando por fin el gobierno municipal ponía los ojos en esa población para invertir en los servicios esenciales como es el agua potable y el alcantarillado, ven con indignación como los contratistas que se ganaron el millonario contrato, dejaron las obras tiradas y sin dar ninguna explicación.
El contrato que se quieren robar según pudo establecer este medio de comunicación, la alcaldía de San Juan del Cesar, en cabeza del exalcalde Álvaro José Díaz Guerra, firmó un convenio con la empresa de servicios públicos conocida en la región como SUR AZUL S.A. E.S.P representada por Heorneldo José Brito Plata, quién luego le entregó el contrato por 839 millones 718 mil pesos, al CONSORCIO SUR AZUL VERACRUZ, para que en un plazo de tres meses realizaran los “estudios, diseños y construcción para la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado de esa población”, los tres meses se terminaron el 30 de noviembre de 2023, sin embargo, hoy las obras están tiradas.
En el recorrido hecho por El Periódico en esa población se pudo determinar que existe un inconformismo en algunos miembros de la comunidad, debido a que el contratista no quiere ejecutar lo establecido en el contrato. Según se pudo evidenciar, los desalinizadores que se pretenden instalar en la población para potabilizar el agua, son remanufacturados, al parecer ya habían sido utilizados en otra obra y están en mal estado, además, no estarían metiendo las acometidas para el alcantarillado y por si fuera poco no quieren construir el tanque de almacenamiento de agua, sino, utilizar un tanque que ya existía y que está en precarias condiciones y a punto de colapsar.
Por las calles polvorientas del pequeño caserío también se encuentran varios huecos sin señalizar que fueron abiertos por los operarios del consorcio sin señalización alguna. Estas inconsistencias se vienen presentando, pese a que en el objeto del contrato se especificó en qué consistía el proyecto. Hoy la comunidad sigue sin agua potable y con sed, tienen que esperar cada mes que la alcaldía de San Juan les envíe un carro tanque para distribuir el agua de consumo.
Los implicados
La alcaldía a través de una contrato convenio le gira la plata a la Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado Sur Azul S.A E.S.P, dicha empresa fue constituida en el año 2018 mediante escritura pública 771 en la Notaría del municipio de Fonseca en el departamento de La Guajira, por los exalcaldes de los siguientes municipios; Jorge Cerchiaro Figueroa, del municipio de Barrancas hoy Representante a la Cámara por La Guajira, Pedro Javier Guerra Chinchía, de Distracción, María Isabel Zabaleta Quintero, de El Molino, Misael Arturo Velázquez Granadillo, de Fonseca, Rafael Ángel Ojeda Brito, de Hatonuevo, Luis Manuel Daza Mendoza, de San Juan del Cesar (ya fallecido) y Luis Alberto Baquero Daza, de Villanueva. Quienes a través de esta empresa buscaban manejar todo el tema de acueducto y alcantarillado en el sur de La Guajira, como quedó estipulado en la constitución de dicha empresa.
SUR AZUL S.A E.S.P al parecer este es el primer contrato que otorga desde su constitución, pues en las plataformas de contratación pública solo aparece el contrato que fue otorgado al consorcio SUR AZUL Veracruz y el de la interventoría de este mismo.
El contratista con experiencia dudosa.
Las empresas que conforman el consorcio son; Construcciones DB S.A.S con el 70% de participación, esta empresa tiene como accionista a; Denier Luis Espitia Castillo, Bernardo Enrique Bravo Pérez y Claudia Josefina Orozco Acosta. Esta empresa fue constituida en la ciudad de Valledupar, y no tiene experiencia propia, debido a que la experiencia para que le pudieran adjudicar el contrato fue otorgada por; Bernardo Enrique Bravo Pérez, quien habría estado como contratista en la empresa de servicios públicos de Empaso, en el departamento del Cesar, cabe aclarar también que ese municipio pese al millonario contrato que ejecutó este contratista la población carece del servicio de agua potable.
La otra empresa que aparece con el 10% de participación es JC Ingeniería y Consultoría S.A.S la empresa fue constituida en el municipio de San Juan del Cesar, y su único accionista es Jader Gustavo Cuello Cuello.
El otro 20% de participación es representado por José Alfonso Morón Quiróz, quien según el portal en contratación no tiene ninguna experiencia en la construcción de acueductos, sino, en mantenimiento de vías terciarias, y una interventoría técnica en temas ambientales, que nada tiene que ver con la construcción de acueducto, como el contrato que tenían que ejecutar en el corregimiento de Veracruz.
Contratista e interventor son los mismos
Como si se tratara de una estrategia para apropiarse de los recursos del acueducto, uno de los accionistas de la empresa que fue escogida para construir el acueducto de Veracruz, fue quien constituyó una de las empresas que conforma el Consorcio de la interventoría, cuyo valor asciende a 29 millones 352 mil 540 pesos.
Se trata de la empresa Construcciones Universal RLM S.A.S constituida en el año 2021 en la ciudad de Valledupar por Bernardo Enrique Bravo Pérez y Reinaldo Jorge Bravo Urueta, padre e hijo respectivamente, el primero de ellos es el accionista de la empresa Construcciones DB S.A.S, que es la que está ejecutando el contrato, es decir, un yo con yo, yo hago y yo mismo me reviso lo que hago.
Aunque hoy no aparece dentro de los accionistas el señor, Bravo Pérez, la trazabilidad de la documentación muestra; como sus hijos fueron los accionistas, en el 2019 y luego las acciones pasaron a manos de Carlos Alberto Alcocer Agamez y en el año 2021 quedó como accionista la señora Nairis Esther Blanchar Martínez.
La otra empresa que conforma el consorcio es Ria Construcción S.A.S, según la experiencia que reposa en sus expedientes, se dedica a la construcción y no a las interventorías. Dentro de sus actividades principales está la terminación y acabados de edificios, es decir, carece de experiencias para el tipo de contrato que le fue otorgado en Veracruz.
