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sábado, julio 13, 2024

Un convenio para desangrar

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Un convenio firmado en el año 2012 por el entonces rector de la Universidad Popular del Cesar – UPC, Jesualdo Hernández Mieles, deja ver la sevicia con la que varios ex rectores y funcionarios el alma mater de este departamento desangran sin ascuas las arcas de la única institución de educación superior pública de los Cesarenses. El convenio fue firmado entre el rector de la universidad y la señora Flor María Guerra Rodelo, quien actúa como representante legal y dueña del Instituto de Cooperación para la Educación Superior a Distancia S.A.S – INCAD. dentro del objeto del convenio estaba ofertar la especialización y maestría en pedagogía ambiental, hasta ahí todo normal, sin embargo, en la minucia del convenio el rector accede a entregarle el 70 por ciento del valor de los recursos recaudados por concepto de pagos de los estudiantes que acceden a realizar la especialización y maestría, mientras que a la universidad solo le correspondía el 30 por ciento de dichos ingresos.

Jesualdo Hernández. Ex rector UPC.

Dentro de la investigación que conoció El Periódico, la cual fue adelantada por algunos docentes que hoy están bajo amenazas, se pudo establecer que la última promoción graduada este año fue de 186 estudiantes, y que cada estudiante pagaba por la especialización y maestrías 23 millones de pesos, el convenio tuvo una duración de casi 10 años y aunque en la minuta del convenio establecía que cualquiera de los rectores podría terminar de manera unilateral el convenio, este pasó de agache bajo la mirada de por lo menos 10 rectores que ha tenido la universidad desde el 2012 hasta la fecha.

Diseñado para desangrar

según lo establecido en el documento que acredita el convenio se establece que INCAD tendrá derecho al 70 por ciento de los ingresos por concepto de pagos de los estudiantes que accedieran a realizar la especialización y la maestría que tenía una duración de dos años y un costo de 23 millones de pesos por estudiantes, los estudios que brindaba la Universidad Popular del Cesar y el INCAD, consistían en unas especializaciones y maestría sobre pedagogía ambiental, apalancada por la facultad de ciencias básicas y educación hoy dicha especialización no cuenta con el registro que expide el ministerio de educación para su funcionamiento.

La UPC desangrada.

Mientras INCAD se quedaba con el 70 por ciento de los ingresos, y la universidad popular con el 30 por ciento, esta última tenía que correr con los gastos de todo lo conllevara la especialización y la maestría, desde docentes, infraestructura, alojamiento de docentes, y hasta la titulación, todo eso con el 30 por ciento que le gira el instituto después que percibía los recursos que pagan los estudiantes y que eran recaudados a través de una fiducia a la cual tenía acceso INCAD.

La responsabilidad del INCAD en el convenio era realizar la inscripción de los estudiantes que iban a ingresar a la especialización y la maestría, realizar la publicidad para promocionar los estudios ofertados y los trámites pertinentes ante la facultad que apalancada el programa, no obstante, pese a quedarse con el grueso del dinero, un oficio firmado por el decano de la faculta de ciencias básicas de la educación, Cándido José Vargas Hernández, y dirigido a la jefe jurídica de la UPC en el mes de abril de 2020 da cuenta que la INCAD en manos de la señora Flor María Guerra Rodelo no cumplía con lo establecido en el convenio, por lo que le solicitaba revisarlo y abstenerse de recibir más estudiantes.

El convenio que fue firmado entre el INCAD y la UPC comenzó a tornarse sospechoso cuando algunos docentes se dieron cuenta que los estudiantes pagaban a cuenta gotas la especialización y la maestría, es decir, pagaban desde 50 mil pesos en adelante.

¿Cuándo nace INCAD?

INCAD nace 7 de marzo de 2012 en la Cámara de comercio de la ciudad de Bogotá, ese mismo año, pero en diciembre, es decir el 7 de diciembre, sin tener experiencia alguna en convenios, el rector Jesualdo Hernández Mieles le abre las puertas de la UPC para que estos se quedaran con un convenio leonino para las arcas financieras de la universidad.

En el año 2016 la señora Flor María Guerra Rodelo decide trasladar el domicilio de INCAD para la ciudad de Barranquilla, donde opera con nuevo registro mercantil, pues el registro con el que nacieron jurídicamente en 2012 ya no existe, fue cancelado.

El jugoso convenio para INCAD

En la investigación solo se pudo tener el reporte de los últimos graduados en la modalidad de convenio, fueron 186 estudiantes que recibieron su diploma en el mes de noviembre de este año, cada estudiante cancelaba la módica suma de 23 millones de pesos, es decir, que solo por la última promoción percibieron 4.278 millones de pesos, de los cuales la universidad percibió el 30 por ciento es decir; 1.283 millones de pesos de los cuales tenía que pagar todos los gastos que acarreaba la ejecución de la especialización y la maestría. Mientras que INCAD se quedaba con 2.994 millones de pesos libres, pues dentro del convenio no tenían que aportar nada, solo la papelería para la inscripción de los estudiantes y la publicidad y al parecer la publicidad nunca la hicieron y la papelería de inscripción de estudiantes se la cobran a estos por valor de 600 mil pesos.

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