En un verdadero dolor de cabeza se le convirtió a la familia Ochoa Ravelo, la compra de una parcela de 20 hectáreas en la vereda Santa Isabel en el corregimiento de Llerasca jurisdicción del municipio de Codazzi en el departamento del Cesar.
La historia que parece sacada de una telenovela mexicana, comenzó el 18 de mayo de 2020 cuando la señora María Mercy Yépez Busto se apareció en la vida de los esposos Luis Rafael Ochoa Rodríguez y Yulema Ravelo Quintero, para ofrecerles comprar su casa, ubicada en una esquina popular de Codazzi. La mujer le ofreció a la familia de la pareja campesina cambiar esa vivienda por un predio que tenía en zona rural de ese municipio y que según ella costaba 120 millones de pesos.
Después de varias conversaciones, la pareja accedió al negocio y entregaron su vivienda como parte de pago por la parcela, la vivienda en ese momento estaba avaluada en 100 millones de pesos, quedando un saldo pendiente de 20 millones que tal como quedó estipulado sería entregado en mayo de este año. El negocio se cerró con la firma de una carta de compraventa autenticada en la notaria, sin embargo, hoy la señora María Mercy Yépez Busto, aduce que la familia de campesinos le invadió el predio, por lo que, a través de una querella, impuesta ante el inspector de policía, busca que la familia Ochoa Ravelo desocupe las tierras.
Los antecedentes de la vendedora
Para conocer los antecedentes de María Mercy Yépez Busto, hay que remitirse al año 2004, cuando también, a través de un contrato de compraventa, vendió el predio de 20 hectáreas a la señora Orana Adonay Brochero. El Periódico conoció el documento de compraventa que se firmó en ese entonces y que acreditaba la venta de la finca, sin embargo 10 años después Yépez Busto, a través de restitución de tierra logró que le devolvieran los terrenos porque, según, había sido obligada a salir de ellos por grupos al margen de la ley.
Una de las hijas de la compradora de ese entonces le dijo a este medio de comunicación, que la señora había actuado de mala fe, y que había ido con mentiras ante la Unidad Nacional de Restitución de Tierras para conseguir que le devolvieran los predios que nadie la había obligado a vender, y lo que buscaba era beneficiarse con los proyectos de esa entidad.
Esta versión fue ratificada por Ervin Orozco, coordinador jurídico de la Unidad de Restitución, quien en diálogo con El Periódico aseguró que la señora Yépez Busto sí fue beneficiada por esta entidad en el año 2015, es decir para el momento en que despojaron del predio a los primeros compradores.
Amparada por la alcaldía
Aunque este medio pudo establecer que en la Unidad de Restitución de Tierras, la vendedora no tiene subsidios pendientes, y el predio ya no está en proceso de restitución, la alcaldía del municipio de Agustín Codazzi liderada por Omar Benjumea Ospino, expidió una resolución en la que resuelve que los esposos Ochoa Ravelo devuelvan el predio que según los hechos descritos en el documentos no fue obtenido de forma legal, sino, que fue perturbado, es decir que fue invadido por la fuerza y en contra de la señora María Mercy Yépez Busto, tal como sucedió en el año 2015.
La resolución que fue firmada por el mandatario, en uno de sus apartes, asegura que hubo perturbación en el predio, no obstante, este medio conoció imágenes de el día que la señora María Mercy Yépez Busto les entregó la parcela en el corregimiento de Llerasca, lo hizo de forma pacífica, y en medio de un sancocho, y no a la fuerza como asegura la hoy reclamante.
Por otro lado, este medio conoció varios testimonios de vecinos de la parcela, que dan cuenta como el inspector de policía Jairo Luis Cruzco Daza, llegó a realizar una inspección del predio en compañía de hombres del ejército nacional, pero sin una orden judicial, por lo que le impidieron el ingreso al lugar. El Periódico ante estos hechos intentó contactarse con el inspector envuelto en el escándalo, pero no obtuvimos respuesta.
Por su parte, el secretario de gobierno del municipio de Agustín Codazzi, Carlos Antonio Perpiñán Ibarra, en diálogo con El Periódico aseguró que se actuó en derecho y dijo que en el expediente sí reposa un documento de compra y venta del predio, pero que eso no se tuvo en cuenta.
«La administración municipal si tuvo conocimiento de una promesa de compraventa que está dentro del expediente, el cual no se ha desconocido, sin embargo, en la querella no se estudió el tema contractual, sino la perturbación a la posesión que solicita su legítimo propietario de conformidad a un certificado de libertad y tradición y los hechos que se desprende de la querella”, puntualizó el secretario de gobierno de Codazzi, Cesar.
El secretario reconoció además que existió un video que hace referencia a la entrega de la parcela por parte del vendedor a la pareja de compradores de manera pacífica y donde no se evidencia perturbación, pero que no había sido tenido en cuenta en el proceso debido a que fue presentado de forma extemporánea. “Existe un vídeo dentro del expediente y no se tuvo en cuenta para tomar la decisión de primera y segunda instancia, toda vez que fueron presentados de manera extemporánea, es decir, ya agotada la etapa estipulada en el artículo 223, numeral 3, literal C de la ley 1801 del 2016”.
El Periódico contactó a la señora María Mercy Yépez Busto, para conocer su versión de los hechos, pero esta se negó a dar declaraciones al respecto.
Por otra parte, este medio conoció que el caso de este desalojo autorizado por la administración del municipio de Codazzi, está en manos de la procuraduría quien determinará si la resolución se expidió en derecho o si hay malos manejos detrás del desalojo.
