Después de los escándalos por hechos de corrupción en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE, que sacaron del cargo al gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por hechos ocurridos en su primer mandato (2012 – 2015), no obstante, la casa de gobierno sigue con los negocios de la alimentación de los niños.
Una serie de fundaciones que nacieron bajo la premisa de trabajar Sin Ánimo de Lucro, y que se han quedado solo en los últimos tres años con más de $150 mil millones de pesos, el modus operandi es el mismo, conforman uniones temporales, se rotan entre sí su participación y en la mayoría de los casos se presentan como único oferente. La cartelización en la que se ha convertido la contratación pública del PAE, no solo opera en el Cesar, sino en el departamento del Magdalena con el actual gobernador Carlos Caicedo.
En el año 2023 la Procuraduría suspendió el proceso licitatorio en el Cesar, debido que las fundaciones escogidas para la ejecución, no daban las garantías para el cumplimiento de trasparencia en la licitación. Se trataba de las fundaciones, Fundación Social, Obras de Amor, Esperanza y Vida, (Fundesvi), Fundación para el Desarrollo Igualitario, (Fundesois), la Fundación para el desarrollo productivo y sostenible de las regiones de Colombia y Nutrir Group S.A.S, dos de estas fundaciones están ligadas a Karen Cecilia Becerra Blanco y a Iliana Araujo Gutiérrez, ambos alfiles de doña Cielo Gnecco.
La facturación del PAE con el COVID-19
En el año 2020, recién posesionado el gobierno de Luis Alberto Monsalvo y con la pandemia del COVID-19 a bordo, comenzó la contratación del PAE, Para ese año, se fraccionó en cuatro contratos, dos por cada zona, es decir zona norte y zona sur.
El primer contrato fue otorgado a la Unión Temporal, Nutrivida Cesar, por valor de $7.931 millones, para ejecutarlo en 47 días calendario, el representante legal del consorcio fue Ricardo Alfonso Camilo Camargo, socio mayoritario de la ‘Fundación para el desarrollo productivo y sostenible de las regiones de Colombia imagen social’, y Vitalimentos S.A.S, empresa que estuvo rodeada de varios escándalos en Acacias-Meta por sobre costos en la ejecución del PAE y en la ciudad de Santa Marta. A este contrato le adicionaron $1.820 millones y una prórroga en tiempo de 20 días, es decir que el contrato se ejecutó en 67 días por valor de $9.752 millones.
El otro contrato fue adjudicado ese mismo año, por valor de $9.432 millones, a la Unión Temporal Alimentación 2020, representada por María Camila Sánchez Zamora, e integrada por las empresas, Quantum S.A.S la cual, pese a sus escándalos, se ha quedado durante los últimos años con la contratación del PAE en el municipio de La Jagua de Ibirico, otra de las empresas es Inversiones Ramfor LTDA, envuelta en un escándalo en el departamento de Santander por presuntamente haber presentado documentación falsa para ganarse una contratación y la tercera es la Fundación Para el Desarrollo Social e Integral. A este contrato le hicieron una adición de $1.686 millones, para un total de $11.119 millones ejecutados en 83 días hábiles, cabe aclarar que estos contratos se ejecutaron en plena pandemia, sin haber niños en las escuelas.
El tercer contrato fue otorgado por Luis Alberto Monsalvo Gnecco, a la Unión Temporal Nutrivida Cesar, por valor de $7.546 millones, en esta U.T participaron las mimas empresas, ‘Fundación para el Desarrollo Productivo y Sostenible de las Regiones de Colombia Imagen Social’ y Vitalimentos S.A.S, a este contrato solo le cambiaron el valor, debido a que le hicieron una adición de $3.773 millones, es decir, que el contrato fue ejecutado en 82 días por un valor total de $11.320 millones de pesos.
Para terminar el año de la pandemia, la gobernación del Cesar le otorgó a la Unión Temporal Cesar 2020, conformada por las empresas Fundación Mujer y Familia y 1A Sumi serví S.A.S la suma de $7.608 millones de pesos para ejecutar en 70 días, posterior a esto le realizan una adición de $3.804 millones, el PAE termina costando $11.412 millones de pesos y se ejecutó en 78 días calendario.
Solo en 2020, durante la pandemia, el gobernador suspendido, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, le entregó a un carrusel de empresas cerca de $50 mil millones de pesos para la ejecución del PAE.
El poder del PAE en 2021
Para el año 2021 los contratos del PAE, siguieron su rumbo con el primer contrato, fue otorgado a la Unión Temporal Unidos por el Cesar, representada por María Rosaura Criollo Cortez, inicialmente por un valor de $20.050 millones, las empresas que lo conformaron fueron Fundación Social de apoyo Desarrollo y Bienestar de la Niñez y el Adulto Mayor Nuevo Amanecer, Corporación Regional para la Construcción Social e Inversiones Ramfor Ltda, estas empresas no solo armaron un carrusel para quedarse con el PAE, en el Cesar el Magdalena y Santander, sino que el alcalde Mello Castro también armó uniones temporales durante varios años para la ejecución de la alimentación escolar en el municipio de Valledupar.
Esta unión temporal, armada en 2021, tiene varias particularidades, la primera, que están rodeadas de escándalos por la mala ejecución del PAE en departamentos como Sucre y Santander, y la segunda, que le hicieron una adición presupuestal de $1.298 millones y una prórroga de 13 días, es decir, el contrato se terminó ejecutando en seis meses y seis días y un valor total de $21.348 millones de pesos.
Para ese contrato, el gobernador repite la dosis, crea la Unión Temporal Nutricesar 2021, representada por Alejandra Rico Farelo, con las empresas que había contrato en 2020, es decir, la ‘Fundación para el Desarrollo Productivo y Sostenible de las Regiones de Colombia, Imagen Social’ y Vitalimentos S.A.S, con un ingrediente adicional y es la entrada de Fundación Humana para un Buen Desarrollo Social, esta empresa está relacionada de forma directa con Jhon Valle Cuello el exdirector de Corpocesar y esposo de Karen Cecilia Becerra Blanco mano derecha de doña Cielo Gnecco.
Esta última fundación, antes de convertirse en uno de los contratistas del Carrusel del PAE en el Cesar y Magdalena, se dedicaba a la vigilancia, es decir, se llamaba Asociación de Vigilancias del Norte, solo hasta el 2014 le cambian el nombre y en 2020 antes de empezar las contrataciones en Magdalena y Cesar y llegan como miembros de la fundación dos personas de confianza, Luis Danilo Ordoñez Campo y Margarita Rosa Araujo Acuña.
Este contrato se ejecutó por un Valor inicial de $17.511 millones de pesos, luego le realizaron una adición de $2.123 millones para un total de $19.635 millones, los cuales fueron ejecutados en seis meses y 18 días.
En el año 2021, las mismas fundaciones que se quedaron con la millonaria contratación en plena pandemia, se quedaron con $40.983 millones de pesos para la ejecución del PAE.
La ración perfecta en 2022
Para el año 2022 se crea la U.T Vital Cesar y le otorgan el contrato del PAE, por un valor inicial de $24.157 millones, para ejecutarlo en un plazo inicial de seis meses, que con las prórrogas se convirtió en siete meses y siete días.
Para la creación de esta U.T el gobierno de Monsalvo aplicó la misma dosis, integró de forma mágica a Fundación para el Desarrollo Productivo y Sostenible de las Regiones de Colombia, Imagen Social, Fundación humana para un Buen Desarrollo Social y aparece la fundación Progreso País, que pasó de ser una Asociación de Taxistas Nocturno de la Terminal de Transporte de Valledupar para convertirse en contratista del PAE.
El segundo contrato fue adjudicado a la U.T Todos Somos Cesar, Representado por Gineth Paola Pacheco Herrera, por valor de $20.558 para ejecutarlo en siete meses y 16 días, las empresas ungidas fueron Fundación Unidos Nutriendo Sueño y LE & VE Alimentos Macsol S.A.S, dos empresas que parecieran lejanas, pero que hacen parte de un carrusel de empresas que negocian el PAE en todo el país.
En el año 2023, sin miedo al éxito
Para el año 2023 el jugoso contrato lo tenían diseñado para la Unión Temporal Alimentos del Norte, integrada por Fundación Social, Obras de Amor, Esperanza y Vida, Fundesvi, Fundación para el Desarrollo Igualitario, Fundesois, Fundación para el Desarrollo Productivo y Sostenible de las Regiones de Colombia y Nutrir Group SAS.
La documentación de las dos fundaciones iniciales registra los vínculos de Iliana Araujo Gutiérrez, hermana del exsecretario de educación del Cesar, Jorge Eliecer Araújo, sancionado por la Procuraduría por irregularidades en el PAE, Karen Cecilia Becerra Blanco, es esposa de Jhon Valle Cuello y cuñada de Iliana Araújo Gutierrez.
El único proponente Para el contrato del Sur es la Unión Temporal Alimentar RA, integrada por Inversiones Ramfor LTDA y la Fundación Unidos Nutriendo Sueño, ambas empresas con pasado nefasto en la contratación del PAE, en otras ciudades y con recurrentes beneficios contractuales en el Cesar en la admiración Monsalvo Gnecco en los últimos 11 años.
Para el 2023 el PAE sería adjudicado con un valor inicial de $48.739 millones de pesos.