La Corporación autónoma del departamento del Cesar, Corpocesar, es otra de las entidades podridas y politiqueras que tiene el departamento del Cesar. La pelea por este fortín político y casa de contrataciones millonarias se mantiene entre los clanes políticos de esta región del país, y es que no es para menos, maneja un presupuesto jugoso que lo reparten entre los amigos contratistas de quien ostenta el poder, y maneja una nómina por prestación de servicios y un pool de abogados que en épocas de campaña ponen un concejal. El clan Gnecco tuvo el poder y mandó a los exsecretarios de la gobernación a manejar los hilos de la entidad, luego pasó a manos del patriarca de los Araújo quién fue amo y señor durante casi un año, jugó con la contratación y direccionó uno que otro contrato, pero nadie ha podido destronar a Kaleb Villalobos, quien sigue teniendo injerencia de peso en la entidad.
Para allá nadie mira, y es que con un plan de medios de más de 200 millones de pesos manejado por una de las casas radiales más influyentes de la región hace que nadie cuestione a Corpocesar.
En la corporación autónoma hay cabida para todos, siempre y cuando tenga padrinos, allí aterrizó uno de los contratistas insignias del Cesar, quien es famoso por dejar obras como la de La Casa en el Aire tirada y seguir contratando mega proyectos como los escenarios de los juegos bolivarianos, solo por nombrar alguno. No obstante, en Corpocesar su función era otra, sembrar árboles a las riberas de los ríos.
Se trata del señor José Carlos Peña Matos, a quien le entregaron dos contratos para reforestación de las cuencas hídricas, a través de varios consorcios en los cuales el era el representante.
El primero fue otorgado el tres de marzo de 2021 por valor de 1.735 millones de pesos, por medio de la Unión Temporal Magiriaimo, conformado por la empresa Akotados S.A.S cuyo dueño es Jose Carlos Peña Matos, y Asocienaga, el contrato tenía como finalidad la preservación de la cuenca hídrica del río Magiriaimo consistente en la siembra de arboles frutales en las riveras del río, algo parecido al pago por servicios ambientales con el que se robaron los recursos desde el Área Metropolitana de Valledupar.
El segundo contrato también para reforestación, pero esta vez en el río Guatapurí, por valor de $1.200 millones de pesos a través del consorcio ‘Río Guatapurí’ el representante del contrato es el mismo Jose Carlos Peña Matos, y esta conformado por la empresa Akotados S.A.S y la Corporación Prosperar, el contrato tuvo una duración de cinco meses.
La empresa Akotados S.A.S, es una empresa de obras civiles, que terminó haciendo procesos de contratación ambiental, a través de Corpocesar, lo que hoy nadie sabe es donde hicieron el proceso de reforestación.
Este es solo un abrebocas de la corrupción que se mueve a través de la adjudicación de los contratos, una fuente de alto crédito en esa entidad asegura que durante años en Corpocesar se viene moviendo una mafia relacionada con las concesiones para las explotaciones de las cuencas hídricas, los permisos para las construcciones de pozos, y hasta contrataron una firma encuestadora para realizar obras de mitigación en varias cuencas hídricas del Cesar. Esta historia apenas comienza.
