En casa por cárcel seguirá el Exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, pese a que un juez ordenó su libertad el pasado 22 de marzo, al absolverlo del delito de corrupción al sufragante; la medida de prisión domiciliara continuará debido a que el exmandatario afronta cuatro delitos contra la administración pública, y una sigue vigente.
Un contrato otorgado a la Corporación de Desarrollo Social Creciendo en el periodo 2016-2019, por valor de $592 millones de pesos, tenía como objetivo, preparar a los estudiantes del grado 11 de los colegios públicos para su ingreso a la Universidad y que facturó la hora de alquiler de video beam por $100 mil pesos y alquiler de portátiles la hora a $135 mil pesos, además de falsificar cuentas de cobros e informes de actividades según la Fiscalía, hechos que, mantienen privado de la libertad a Ramírez Uhía, debido a que fue imputado por los delitos contra la administración pública junto al exsecretario general José Juan Lechuga y al exsecretario de educación Luis Carlos Matute.
Aunque la lista de procesos en contra del exalcalde es larga, existen varias investigaciones que cursan en su contra, una de ellas es la construcción del proyecto ‘Parque Casa en el Aire’ por un valor cerca a los $10 mil millones de pesos en primera fase; un proyecto que nuca tuvo culminación y que el secretario de obras de Valledupar Efraín Quintero Ternera recibió en la administración del alcalde Mello Castro González. Por este delito fueron capturados varios exfuncionarios de la administración de Ramírez Uhía y contratistas a los que les vinculados al proceso penal, por su parte el juez se abstuvo de imponer medida intramural al exmandatario debido a que tenía dos medidas preventivas de la libertad vigente.
El proceso que podría enviar a la cárcel a Tuto Uhía
El otro lío judicial y disciplinario del exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, que lo podría enviar a la cárcel, tiene que ver con el contrato por ‘dación de pagos’, o también conocido como el cartel del predial. El 2 de julio del año pasado se cumplieron tres años que la Procuraduría le abrió indagación preliminar por este caso, donde particulares se habrían enriquecido con dineros que debieron entrar a las arcas del municipio.
Mientras en la Procuraduría el proceso sigue guardado, en la Fiscalía 11, seccional de Valledupar, bajo el radicado 200016001232017, inició las indagaciones sobre este proceso, donde busca establecer los delitos cometidos por el exalcalde, quien bajo la figura de dación de pago, habría recibido unos lotes avaluados en 18 mil millones de pesos con la firma Lascano Morales, quienes eran los propietarios del predio que hace muchos años fue invadido y que hoy se conoce como el barrio Francisco Javier.
El municipio les recibió a los Lascano Morales un predio de $18 mil millones por una deuda de aproximadamente $1.000 millones de pesos, es decir, que el municipio pasó a deberles a la firma Lascano Morales $17 mil millones de pesos. Esto mismo, lo habría hecho con otra persona cuyo lote fue recibido por la alcaldía por $2.500 millones de pesos cuando su deuda del predial no llegaba a los $500 millones de pesos.
Las irregularidades de esta dación de pagos en el gobierno de Augusto Daniel Ramírez Uhía estarían relacionadas con la forma como se pagaron estas acreencias por el municipio.
El dato
Gabriela Morales Lascano inmersa en el proceso de ‘dación de pagos’ o el cartel del predial, que tiene en líos judiciales al exalcalde Ramírez Uhía es accionista de la empresa Gcon Construcciones S.A.S junto a su esposo Luis Eduardo Cayón Medina, esta empresa ejecuta millonarios contratos en Valledupar y el Cesar.
