El viacrucis del exalcalde de Valledupar en el departamento del Cesar, Augusto Daniel Ramírez, apenas comienzan. Hace dos semanas le sonó la campana en los estrados judiciales con la imputación de cargos por haberle otorgado un contrato de $592 millones de pesos a una corporación sin el lleno de requisitos y que salpicó a José Juan Lechuga y a Luis Carlos Matute, dos exsecretarios para el periodo 2016-2019.
No obstante, lo peor apenas estaría por llegar. Las denuncias por los vientos de corrupción que sacudieron la ejecución de La Casa en el Aire, se estarían moviendo con fuerza en la Fiscalía anticorrupción y en los entes de control, al paso que le siguen los rastros al escándalo que se generó por otro hecho empantanado de irregularidades como fueron los contratos por ‘dación de pago’, también conocido como el ‘cartel del predial’, con las que particulares se volvieron multimillonarios con el erario de los valduparenses.
Monumento a la corrupción
El 29 de noviembre de 2018 el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, a través de su secretario general Jose Juan Lechuga, firmó el contrato 1613 con el consorcio Broers Constructores, representado por Jorge Mario Peña Mattos y conformado por las empresas Broers Constructores S.A.S e Inversiones Grandes Vías ingeniería S.A.S. por un valor inicial de $6.398 millones de pesos para la construcción de la primera etapa del denominado “parque casa en el aire”.
El proyecto terminó costando según pudo conocer El Periódico, $9.295 millones de pesos debido a una serie de adiciones que le realizó la alcaldía a los contratistas. Los recursos de dicha inversión provinieron, en su mayoría, de un empréstito que hizo el gobierno de Franco Ovalle Angarita de $40 mil millones de pesos para hacer varias obras entre esas la polémica Casa en el Aire. Sin embargo, este no lo contrató directo, sino que le pasó la plata a la alcaldía de Valledupar para que este hiciera un aporte y fuera la adjudicataria del contrato que terminó en la nefasta obra que nunca se culminó.
El Periódico pudo establecer que ante la Contraloría y la Fiscalía anticorrupción se han radicado varias denuncias por las presuntas irregularidades cometidas en la ejecución del contrato, además, al parecer al proceso judicial le apareció doliente, quien estaría buscando que tanto en la fiscalía como en las entidades de control, desempolven las investigaciones para que los implicados paguen por el desfalco de más de $9.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que el secretario de obras de Valledupar Efraín Quintero Ternera liquidó el contrato en la administración del alcalde Mello Castro.
Mientras el exalcalde está en la mira de la justicia, los contratistas que se quedaron con los recursos han sido premiados con nuevas contrataciones donde también han fallado en la ejecución.
Akotados y los Mattos
Jose Carlos Peña Mattos, uno de los dueños de la empresa Broers Constructores S.A.S, que tenían el 95 por ciento de participación en el consorcio que ejecutó el proyecto ‘La Casa en el Aire’, es el mismo dueño de la empresa Akotados S.AS, empresa que fue favorecida con un contrato de 16.694 millones de pesos para la construcción del estadio de béisbol en el marco de los juegos bolivarianos en la ciudad de Valledupar. El estadio aún no ha sido entregado pese a que el plazo ya se cumplió.
Akotados y Broers Constructores S.A.S, hacen parte del carrusel de contratistas de la gobernación del Cesar, que a través de la conformación de consorcios con diferentes nombres se quedan con las millonarias contrataciones en el departamento.
La historia de Akotados, que nació siendo Comercializadora María M y pasó a convertirse en una empresa de construcción, gracias a la inyección de recursos de los hermano Mattos en el año 2017, cuando María M S.A.S le cambian el nombre, pasa a llamarse Akotados S.A.S y valorizan sus acciones en $5.000 millones de pesos, desde entonces es una de las empresas de contratación de obras civiles de cabecera del gobierno departamental y local.
Por otro lado, Inversiones Grandes Vías ingeniería S.A.S. que hizo parte del consorcio, no se queda atrás, sus antecedentes son nefastos en la contratación pública tiene varias anotaciones en la Contraloría, es señalada de dejar varios proyectos sin terminar en el caribe colombiano y fue socio de uno de los contratistas de confianza de Kiko Gómez en la Guajira.
Tuto y el cartel del predial
El otro lío judicial y disciplinario del alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, tiene que ver con el contrato por ‘dación de pagos’, o también conocido como el cartel del predial. El 2 de julio de este año se cumplieron tres años que la Procuraduría le abrió indagación preliminar por este caso, donde particulares se habrían enriquecido con dineros que debieron entrar a las arcas del municipio.
Mientras en la Procuraduría el proceso sigue guardado, en la Fiscalía 11 seccional de Valledupar, bajo el radicado 200016001232017, se habrían iniciado las indagaciones sobre este proceso, donde busca establecer los delitos cometidos por el exalcalde, quien bajo la figura de dación de pago, habría recibido unos lotes avaluados en 18 mil millones de pesos con la firma Lascano Morales, quienes eran los propietarios del predio que hace muchos años fue invadido y que hoy se conoce como el barrio Francisco Javier.
El municipio les recibió a los Lascano Morales un predio de $18 mil millones por una deuda de aproximadamente $1.000 millones de pesos, es decir que el municipio pasó a deberles a la firma Lascano Morales $17 mil millones de pesos. Esto mismo lo habría hecho con otra persona cuyo lote fue recibido por la alcaldía por $2.500 millones de pesos cuando su deuda del predial no llegaba a los $500 millones de pesos.
Las irregularidades de esta dación de pago en el gobierno de Augusto Daniel Ramírez Uhía estarían relacionadas con la forma como se pagaron estas acreencias por el municipio.
Gabriela Morales Lascano inmersa en el proceso de ‘dación de pago’ o el cartel del predial, que tiene en líos judiciales al exalcalde Ramírez Uhía es accionista de la empresa Gcon Construcciones S.A.S junto a su esposo Luis Eduardo Cayón Medina, esta empresa ejecuta millonarios contratos en Valledupar y el Cesar, unos otorgados de manera directa a través de la caja de Compensación Familiar, Comfacesar, y otros a través de licitaciones presuntamente amañadas. También estaría relacionada con el cartel de contratistas del departamento del Cesar que a través de diferentes consorcios amarran los procesos de contratación violando el principio de transparencia.
Estos dos procesos tendrían al exalcalde de Valledupar y a varios exfuncionarios de su administración en la mira de la justicia. Actualmente Ramírez Uhía afronta una condena en primera instancia de cuatro años de cárcel que paga en su casa, por corrupción al sufragante y fue imputado por la Fiscalía hace pocos días por la firma de un contrato con una corporación sin el lleno de requisitos legales, por lo que le señalan de falsedad en documento público y peculado.
[…] El viacrucis penal del exalcalde Augusto Daniel Ramírez, apenas comienza; al político le imputaron cargos por haber otorgado un contrato de $592 millones a una corporación para ‘capacitar a estudiantes de instituciones públicas de Valledupar’, pero sin el lleno de requisitos. […]