En un informe entregado por la Contraloría General de la República en junio del año 2022 evidenció como el departamento del Cesar, se ubicaba en el segundo puesto a nivel nacional con más hallazgos fiscales del país, muchas de las investigaciones que terminaron en hallazgos se originaron por auditorías realizadas por la entidad, a los entes territoriales y otras por las denuncias de las veedurías, sin embargo, sigue existiendo un alto índice de impunidad frente a los hechos de corrupción, no solo en el Cesar, sino en los 32 departamentos de Colombia.
Con base en esta radiografía que afronta el país, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República liderada por Roberto Andrés Idárraga Franco, presentó ante el congreso de la República un proyecto de ley que busca darle garantías a la sociedad civil y ciudadanía organizada que se atreve a denunciar los hechos de corrupción principalmente en los territorios. El proyecto lleva por nombre ‘Jorge Enrique Pizano’, en honor a quien fuera el Controller de la Ruta del Sol II que murió en extrañas circunstancias cuando ‘prendió el ventilador’ para develar todo el entramado de corrupción que se movía detrás de los millonarios contratos otorgados por el gobierno a la multinacional Odebrecht.
Una ley para combatir la corrupción
Uno de los frentes que busca atacar este proyecto de ley, que fue acogido con beneplácito por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el congreso de la República, son los nichos de corrupción existentes en las regiones, por el miedo y las amenazas que sufren los líderes sociales, periodistas y las veedurías que se atreven a denunciar la malversación de recursos públicos por parte de políticos, contratistas y entidades del estado.
Dentro de los apartes del proyecto, se establece protección para los denunciantes, protección de su identidad, garantías laborales y ayudas económicas en caso de tener que dejar su domicilio, además de un fuero especial que obligue al Estado brindarle seguridad a él y su familia.
Aunque en Colombia se han generado varios programas a través de diferentes entidades, para promover las denuncias ciudadanas, como lo ha hecho la Fiscalía y organizaciones no gubernamentales como Transparencia por Colombia, estas no han surtido el efecto esperado, debido a que no existen las garantías legales para quienes se atreven a denunciar puntualmente los hechos de corrupción en el Colombia.
Freno a la impunidad
Según un estudio revelado por la Secretaría de Transparencia, en Colombia la corrupción estaría ganando la batalla en 20 de los 32 departamentos. Donde según las cifras, la impunidad supera el 95 por ciento, es decir, la ciudadanía no estaría denunciado.
Pero hay algo más preocupante y es que pese a los escándalos de corrupción que han sacudido al país durante los últimos años, para el año 2022 los colombianos tenían una percepción que había corrupción en el país del 39 por ciento.
En único pero
El proyecto de ley, que ya comenzó su trámite en el congreso de la república, estipula que el órgano encargado de brindar y garantizar la seguridad de los denunciantes será la Fiscalía, no obstante, este órgano ha recibido varios cuestionamientos en su proceder debido a los intereses políticos que protege quien hoy la dirige.
La Fiscalía debe garantizará orientación en el proceso de denunciar, confiabilidad y anonimato a las personas que den información creíble y sustancial que evidencie la comisión de irregularidades; cabe aclarar que este órgano será quien procesará las denuncias, asumirá la responsabilidad de protección de los denunciantes y elaborará y llevará a cabo el programa de protección.
