Diferentes mitos circulan alrededor del ejercicio de lo público, siendo necesario desmentirlos o incluso aseverarlos, pero manteniendo la premisa de brindar información fidedigna y coherente. En esta oportunidad, quiero referirme al tamaño del Estado colombiano. De aquí que sea común escuchar o leer que Colombia cuenta con demasiados servidores públicos; que existe un exceso de burocracia y que por ende se expresa en ineficiencia. Tengo, entonces, el reto de desmentir este mito.
Para esto, me referiré desde la óptica del talento humano. Según datos de Función Pública, entidad que actualmente tengo el honor de liderar, Colombia cuenta con poco más de un millón trescientos mil servidores públicos en todo su territorio. El grueso de los servidores se encuentra en la rama ejecutiva del poder público, que en el nivel nacional recoge a 913.040 servidores; seguido por el orden territorial, con 261.675; la rama judicial, con 59.981; los entes autónomos, con 53.588; los organismos de control, con 23.978; la organización electoral, con 3.726; el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con 1.871 y la rama legislativa con 870 servidores.
Probablemente al conocer estas cifras, la percepción sea que el Estado colombiano está “inundado” de servidores. Sin embargo, siguiendo el hilo del análisis, quiero invitarlos a enfocar el nivel nacional de la rama ejecutiva. Allí, los 913.040 servidores están compuestos por 333.287 docentes y 410.459 miembros de las Fuerzas armadas y de la Policía Nacional; lo que indica que de la totalidad de servidores del orden nacional, el 81,45% está conformado por docentes y uniformados.
Colombia ocupó el último lugar en Latinoamérica en burocracia, siendo el país con la menor relación de servidores con 3,7 %.
Por tanto, en el orden nacional, solo nos queda un 18,54 %, es decir, 170.000 servidores sobre quienes recae la responsabilidad de ejecutar, bajo las directrices del Presidente de la República, todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Ahora, desde una perspectiva internacional, en 2020 la Ocde publicó el informe ‘Panorama de las administraciones públicas América Latina y el Caribe’ en el cual compara el empleo del sector público como porcentaje del empleo total, con corte al año 2018. Colombia ocupó el último lugar en Latinoamérica en burocracia, siendo el país con la menor relación de servidores con 3,7 %, seguido por Honduras con 6 % y Guatemala con 6,4 %, y siendo Trinidad y Tobago el campeón, con 25,9%.
Adicionalmente, el más reciente informe de ese mismo organismo internacional, denominado ‘Government at a Glance 2021’ hace ese análisis con sus países miembros, pero esta vez con corte al año 2019. A pesar que Colombia no está en este comparativo, nos pusimos en la tarea de usar los cálculos descritos en su metodología para establecer el porcentaje, arrojando 5,44 %. Cifra que nos ubicaría también en el último lugar, seguidos por Japón, con 5,89% y Corea del Sur, con 8,13%, y siendo el campeón de la burocracia en este estudio Noruega, con 30,69%. Incluso, si a los 1,3 millones de servidores le sumáramos los contratistas del orden nacional y territorial, que también son menos de los que se especula, seguimos quedando en el último lugar, ubicándonos solo por encima de Japón.
Por lo anterior, me atrevo a afirmar que nuestro empleo público es uno de los más diminutos en cifras, y con hechos demostramos eficiencia en la pandemia, donde el Estado no solo no se paró, sino que alcanzamos notables avances en materia de vacunación, reactivación económica, protección de los más vulnerables y mayor presencia del Estado en los territorios, entre otros. Por esto, mi invitación es a que nos saquemos del imaginario la tesis mentirosa de que somos un mega-Estado.
