Jaime Blanco Maya quien en 2013 fue condenado a 18 años de cárcel por los asesinatos de los líderes sindicalistas Víctor Hugo Orcasita y Valmore Locarno, presidente y vicepresidente de Sintramienergética, el principal sindicato de la Drummond; tras ser aceptado como compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz se han empezado a conocer detalles sobre el presunto financiamiento por parte de la empresa carbonera a los grupos paramilitares que operaban en el Cesar.
Durante las audiencias Blanco habría salpicado al menos a seis exjefes paramilitares, un general y un agente de la CIA que sería el puente entre Drummond y los grupos paramilitares. Blanco Maya es uno de los únicos empresarios admitidos en calidad de tercero civil no combatiente ante la JEP, tras su llegada se abrió un expediente relacionado con el caso Drummond y sus derivados, ya que Blanco estuvo relacionado con los directivos de la carbonera donde operó como contratista en el sector de alimentos.
Uno de los detalles que reveló tiene que ver con el motivo por el que fueron asesinados los sindicalistas Orcasita y Lorcano de quienes se creía que habían sido mandados a matar por oponerse a un contrato de alimentos de Blanco, pero este reconoció ante la JEP que se trató de una “operación antisubversiva” en contra de los miembros del sindicato dada su cercanía con miembros de las Farc-EP y el ELN. Blanco además entregó detalles del asesinato de seis líderes sindicales en el año 2000, aduciendo que los móviles de los hechos fueron desviados para proteger los intereses de Drummond.
También aseguró y entregó pruebas de que los dirigentes de la multinacional financiaban a los paramilitares a cambio de patrullajes y seguridad. El excontratista, afirmó que en la década de los 90 conoció al entonces agente de la CIA, James Adkins, y al general (r) Rafael Peña de los Ríos, quienes fungían como jefes de seguridad de la Drummond, ellos eran los encargados de “montar una estructura para financiar a las autodefensas” a través de sobrecostos en los contratos por valor de 25 y hasta 30 millones de pesos mensuales que “no correspondieron a pagos de extorsiones o ‘vacunas’, sino a contribuciones voluntarias a un actor armado del conflicto”.
Blanco precisó que él y otros funcionarios de la carbonera sostuvieron reuniones con John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, Oscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, Jeferson Martínez, alias Omega, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Salvatore Mancuso Gómez y Vicente Castaño Gil, alias ‘El Profe’, jefes paramilitares de la época; y reveló que está dispuesto a detallar “los compromisos claros y concretos que en doble vía asumimos dentro del acuerdo al margen de la ley que rigió nuestra relación”.
En dos ocasiones la JEP reiteró que la Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación en contra de Augusto Jiménez Mejía, expresidente de la multinacional, y José Miguel Linares Martínez, actual presidente de la empresa por “financiar y promover la creación y los propósitos ilícitos” de un bloque de autodefensas entre 1996 y 2001. Sin embargo, Drummond ha defendido en múltiples ocasiones negando cualquier nexo con los grupos paramilitares.
