Por: Antonio Sanguino
Imposible de ocultar. Entre más explicaciones pretenden dar el incompetente y nefasto Ministro de Defensa, Diego Molano, el General Navarro, Comandante de las Fuerzas Militares y el General Zapateiro, Comandante del Ejército Nacional, resulta más evidente la cadena de crímenes cometidos el pasado 28 de marzo por integrantes del recién creado Comando Contra El Narcotráfico y Amenazas Transnacionales CONAT del Ejército, al mando del también General Juan Carlos Correa, en la vereda El Remanso del municipio de Puerto Leguizamo en el departamento del Putumayo. “Operación militar” en las que resultaron muertas 11 personas, entre ellas el Presidente de la Junta de Acción Comunal Divier Hernandez, su esposa en estado de embarazo Ana María Sarrias, el Gobernador Indígena Pablo Panduro y el menor de 16 años Bryan Santiago Pama.
El propio Presidente Ivan Duque se apresuró en reivindicar la operación como un triunfo de las Fuerzas Militares contra una estructura militar ilegal. Los 11 muertos fueron presentados como ilegales dados de baja y las 4 personas que resultaron heridas se reportaron como detenidas por las autoridades. Las versiones oficiales dieron cuenta de una acción sobre el Frente 48 de la “Segunda Marquetalia” o “Comandos de Frontera” al mando de alias “Bruno” y alias “Managua” quienes se encontrarían en el lugar de los hechos, aún cuando las propias autoridades no lo reportan entre los muertos. Una operación adelantada en medio de un bazar comunitario que el Gobierno no tardó en calificar como “bazar cocalero”, en una zona también de presencia del Clan del Golfo y el Frente Carolina Ramírez de las Ex Farc al mando de Gentil Duarte.
La investigación periodística en terreno adelantada por la Revista Cambio, El Espectador y el portal Vorágine, documentó con rigor muchas de las denuncias que se venían conociendo minutos después de lo que al parecer fue una masacre de civiles. El Gobierno para no dar ninguna explicación en términos de uso proporcional de la fuerza, se atrevió a afirmar que producto de una “rigurosa labor de inteligencia de más de 5 meses” concluyó que el bazar en El Remanso era una coartada para la negociación de grandes cantidades de pasta de coca y que todos sus asistentes tenían vínculos con los “Comandos de Frontera”. Luego, moderando su versión, afirma que aplicó todos los protocolos del Derecho Internacional Humanitario. Aunque el Gobierno no ha reconocido esta estructura ilegal como contraparte militar del Estado, todo indica que su actuación es claramente violatoria del mismo, y más grave aún, transgrede el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, más pertinente y más exigente para estos casos.
En efecto, la información recolectada por Cambio, El Espectador, Vorágine y organizaciones de Derechos Humanos, demostrarían la comisión por parte de los integrantes del Ejército de 9 conductas violatorias de los Derechos Humanos y de la normatividad humanitaria. Primero, se produjo un ataque a mujeres embrazadas y niños que como lo advierten pronunciamientos de las Naciones Unidas “Quedan prohibidos y serán condenados los ataques y bombarderos contra la población civil, que causa sufrimientos indecibles particularmente a las mujeres y los niños que constituyen el sector más vulnerable de la población”. Segundo, la vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como la muerte de un menor, constituye una grave violación a los derechos humanos protegidos por nuestra Constitución en su artículo 44 y en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tercero, al afectar a civiles se comete un crimen de guerra según lo dispuesto por el Estatuto de Roma y lo establecido en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. Cuarto, se desconocen las prohibiciones establecidas en el artículo 8 del Estatuto de Roma relativas a la protección de la población civil, esto es, la prohibición de “utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner (…) puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares” o “alejar de la proximidad de objetivos militares a la población civil”; la prohibición de “dirigir intencionalmente ataques contra la población civil (…) o contra personas que no participen directamente en las hostilidades”; o la prohibición de “lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará perdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil”. Quinto, el uso de uniformes negros para hacerse pasar como miembros de una estructura guerrillera, como se ha denunciado, constituye una infracción al DIH que prohíbe “utilizar de modo indebido la bandera, insignias militares o el uniforme del enemigo”. Sexto, no portar uniforme e insignias de identificación del Ejército se califica como PERFIDIA a la luz del DIH y se convierte en una violación del artículo 37 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra. Séptimo, los testimonios y las investigaciones indican que hubo un desconocimiento del “principio de proporcionalidad” en el uso de la fuerza del Estado. Octavo, la operación militar desconoció el cuidado constante de las fuerzas militares a centros poblados, personas civiles y bienes de carácter civil; y noveno, la manipulación de la escena de los hechos y los cuerpos de las personas muertas desconoce el Protocolo Modelo de Investigación Forense de las Naciones Unidas y constituyen un acto de obstrucción a la administración de justicia.
Sobre estas violaciones a los derechos humanos y el derecho humanitario tendrán que responder los autores materiales de los hechos. Pero también habrá que establecer la responsabilidad política del Ministro de Defensa Diego Molano y el alto mando militar. Aunque es inocultable que el Presidente Ivan Duque quiere cerrar su gobierno graduándose como un Uribista a carta CABAL con una masacre de civiles y un episodio de “falsos positivos”, es imperativo evitar que la impunidad sea la patente de corso para su dolorosa repetición.
