El 30 de mayo, a eso de las 6:00 de la mañana, el equipo periodístico de El Periódico, conoció de forma extraoficial que nuevamente el señor Luis Rafael Ochoa Rodríguez iba a ser desalojado de su parcela ubicada en el corregimiento de Llerasca jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi en el departamento del Cesar. La historia se repetía y en pueblo se presagiaba lo peor.
El equipo emprendió el viaje y a cinco minutos de llegar hasta la parcela, una camioneta color blanca venía a toda prisa por el estrecho camino, en su interior estaba una mujer en delicado estado de salud y la esposa del señor Luis Ochoa, quien narraba con voz entrecortada y entre lágrimas lo que ocurría en la parcela de la humilde familia.
Al llegar al sitio el rostro de desespero del señor Rafael daban cuenta de lo que estaba por suceder, a la parcela compuesta por dos casas de bareque, unos animales y algunas siembras de plátano habrían irrumpido 30 hombres de la policía, miembros de la Sijín, 10 personas externas a la alcaldía y dos camiones, el operativo parecía ser más para la captura de un narcotraficante o un capo de la mafia, que para desalojar a una indefensa familia compuesta por dos adultos y tres menores de edad entre ellas una niña inocente que desconocía porque habría tantos hombres con atuendo de antimotines en su vivienda.
Según la inspectora Yudis Castro, que adelantó del procedimiento, la orden de desalojo estaba amparada bajo el acto administrativo que firmó el alcalde del municipio de Agustín Codazzi Omar Benjumea, en el año 2022, pese a que existe una demanda de nulidad del acto administrativo presentada en el mes de noviembre de 2022 y que hoy duerme en los anaqueles del juzgado sexto administrativo de Valledupar.
Eran las 10:30 de la mañana y al interior de la parcela los ánimos se caldeaban, un abogado, quien aseguraba ser el apoderado de la señora María Mercy Yepes Busto, era quien le daba las órdenes a la inspectora, a los miembros de la fuerza pública para que irrumpieran al interior de la casa de bareque y sacaran todo por encima del quién fuera.
El equipo investigativo de El Periódico pudo establecer que se trata del abogado, Lisandro Díaz Maya, quien fue gerente de la empresa de servicios públicos de Codazzi EMCODAZI y es hermano del Juez Primero Promiscuo en esa misma población, Argemiro Díaz Maya. El abogado no solo tendría al parecer intereses en apropiarse del predio, sino que anteriormente, según versión de los afectados, les ofreció sus servicios para defenderlos a cambio de tres hectáreas de tierra y habría sido la misma inspectora que comandaba el desalojo la que se lo habría recomendado.
Aunque al parecer en el procedimiento habría más intereses oscuros que legales, hacia las 11:00 de la mañana y ante los cuestionamientos sin respuestas del equipo periodístico, se aseguró que se suspendía la diligencia por falta de garantías.
Ante este procedimiento, el medio de comunicación contactó al alcalde Omar enrique Benjumea Ospino, quien trató de lavarse las manos, asegurando que el actuó de conformidad con lo que le sugiere la oficina jurídica, que es ejercida por Carlos Perpiñán, quien para el 2022 fue secretario de gobierno y jefe del inspector de policía quien adelantó el primer desalojo en contra de la familia Ochoa, pese a estar impedido por ser familiar de la señora María Mercy Yepes. Este mismo jurídico es el que le aseguró al alcalde que no existe tal demanda de nulidad cuando este medio se la hizo llegar al mandatario.
El alcalde no supo responder, ¿quién le dio la orden al comandante de policía para el despliegue de 30 uniformado con escudos e indumentaria antidisturbios para realizar el desalojo en carros oficiales y particulares? O ¿quién dio la orden de la participación de 10 personas particulares que no tenían vínculo con la alcaldía de Agustín Codazzi y que irrumpieron en la propiedad privada con complicidad de la fuerza pública?
La zozobra no termina y todos los días esta familia espera que no se cometa una injusticia.
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