La Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para las personas que firmaron el acuerdo de paz, como la guerrilla de las Farc, quienes están en proceso de reincorporación y hacen parte del Partido Comunes.
Al estudiar cinco tutelas presentadas por excombatientes ubicados en Nariño y Guaviare que reclamaban medidas de protección por amenazas y riesgos de seguridad en sus territorios por presencia de grupos armados, la Corte estimó que existe una grave crisis que ha afectado de modo fuerte sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz.
Es por eso que el jefe de la Misión de Verificación de la ONU para el Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu, se refirió a la decisión de la Corte Constitucional, “Es una evaluación de la propia corte, sobre la situación de seguridad de los excombatientes y luego una serie de medidas y acciones que pide y ordena para mejorar su situación. Nosotros hacemos nuestras evaluaciones en materia de seguridad cada tres meses y nuestras recomendaciones”, indicó.
