Mil millones de pesos que fueron invertidos por el municipio de Pueblo Bello, departamento del Cesar, para la implementación de paneles solares con los que se llevaría energía a los campesinos de las zonas rurales de esa población.
Al proyecto que fue financiado con recursos de la paz le abrieron un proceso de responsabilidad fiscal en los que resultaron salpicados el alcalde Danilo Duque Barón, su escudero y secretario de planeación Newton Sequeda, y las empresas que hicieron parte de la Unión Temporal Energías de la Sierra Nevada conformada por las empresas DISCELECTRICO S.A.S con el 30 por ciento, ESCO COMPAÑÍA DE SERVICIOS ENERGETICO S.A.S con el 30 por ciento de participación y BAZ MARINE SERVICES S.A de CV con el 40 por ciento de participación.
Estas empresas que estarían ligadas a un senador la ciudad de Barranquilla, se habrían cartelizado para quedarse con los millonarios recursos de la paz en el departamento del Cesar y La guajira
Según el informe conocido por El Periódico el alcalde de Pueblo Bello habría incurrido en varias irregularidades, la primera que no tuvo en cuenta los valores de los equipos en el mercado por lo que se habrían presentado sobre costos, pero al parecer eso no sería lo más grave, debido a que la Contraloría señala que la inversión por $10 mil 409 millones de pesos, estarían a punto de perderse, porque el mandatario de no exigió al contratista que los equipos tuvieran una garantía de 10 años que es tiempo estipulado de duración del proyecto, sino que estos tienen una vida útil de dos años.
“En virtud de lo anterior, considera el equipo auditor, que los equipos se encuentran en alto riesgo de pérdida y daños en los sistemas de energía solar, por lo tanto, colocándose en peligro toda la inversión realizada, es decir la suma de $ 9.818.800.326 y la suma correspondiente a la interventoría de $ 590.281.977, para un valor total de $ 10.409.082.303”. así quedó fijado en uno de los partes del informe.
Además de este hallazgo el órgano de control señala los sobrecostos en la compra de inversores, controladores de carga y baterías, este daño patrimonial estaría avaluado en $694 millones de pesos.
Cabe señalar que en el informe la contraloría excluye a la empresa BAZ MARINE SERVICES S.A CV quien para el momento de la firma del contrato figuraba como representante legal Juan Pablos Ballesta Juliao, quien sería familiar de la esposa de un senador barranquillero que ha impulsado en el congreso la transformación energética del país, además esta firma aparece registrada en México y tendría sede en la ciudad de Barranquilla, de donde son todas las demás empresas que se consorciaron, excepto DISCELECTRICO S.A.S que es de la familia política del Cesar, Aroca Dagil.
DISCELECTRICO S.A.S, ESCO COMPAÑÍA DE SERVICIOS ENERGETICO S.A.S, cuyos socios o accionistas son pio Barcena Villareal y Oscar Imitola Acero y BAZ MARINE SERVICES S.A, armaron diferentes uniones temporales para apropiarse de los recursos de la paz en los municipios de Manaure, Valledupar, San diego, La Paz, Codazzi, Becerril en el Cesar y Fonseca en La Guajira, donde también estos proyectos presentan problemas.
