Ante la Contraloría Gerencia Departamental Colegiada del Cesar, llegó una denuncia en contra del alcalde de Valledupar Mello Castro González, por un contrato que beneficiaría cerca de 58 emprendedores de la comunidad LGTBI, quienes aseguraron que de la administración municipal los habían vinculado a un proyecto de fortalecimientos productivos que consistía en unas capacitaciones en los meses de julio y agosto y a final de año de 2021 recibirían unos incentivos para las unidades productivas, pero esto nunca se dio, además aducen los miembros de la comunidad que la alcaldía de Valledupar dio por liquidado el contrato.
A raíz de la denuncia que hoy reposa en los anaqueles de la Contraloría municipal, la unidad investigativa de El Periódico encontró que existen una serie de irregularidades que van desde fragmentación de contratos, hasta falsificación de documento público.
La alcaldía de Valledupar en cabeza de Mello Castro González, expidió el CDP número 2912 por 185.065.613 millones de pesos, con fecha del 26 de noviembre de 2021, de ahí habría salido la suma de 56.524.522 para ejecutar el contrato CMC-SGR-058-2021 que tenía como objeto “Desarrollo y cumplimiento de diferentes acciones, estrategias y campañas de los programas de la oficina de gestión social del municipio de Valledupar” el contrato fue ejecutado por la Fundación Social Creciendo, representada legalmente por Angela María Díaz Herrera, y tenía un plazo de ejecución de 10 días calendario, sin embargo los beneficiarios aseguran que la alcaldía de Valledupar dio por liquidado el contrato sin recibir los incentivos ofrecidos.
La denuncia que reposaba en los anaqueles de la Colegiada del Cesar, se conoció que el 19 de abril de 2022 respondieron un derecho de petición al denunciante anónimo, en la cual manifiestan que por competencia la denuncia fue trasladada a la Contraloría municipal de Valledupar, que preside Angelica Olarte, amiga personal del secretario de Obras del municipio de Valledupar, Efraín Quintero.
Esta no es la primera vez que la alcaldía presenta irregularidades en la ejecución de los contratos, algo similar ocurrió con el contrato que ejecutó la Fundación Amovida, por 400 millones de pesos para favorecer a la comunidad víctima del conflicto, no obstante, las personas que registran como beneficiarias aseguran que la alcaldía no les dio sino un alojamiento en un hotel de la ciudad durante unos días.
