El alcalde de Manaure, en el departamento del Cesar, Henry Oñate Fragozo, habría favorecido a familiares y concejales con proyecto agrícola que iba destinado para las víctimas del conflicto; el costo del contrato fue de $11.500 millones y fue financiado con recursos del OCAD PAZ. Además, este fue adjudicado al consorcio ‘Manaure Productivo’, conformado por empresas que se habrían apropiado de millonarios recursos del fondo de pagos por servicios ambientales en este departamento.
Se trata del contrato 003 de 2022 otorgado por el alcalde, Henry Oñate Fragozo, cuyo objeto fue la ‘Implementación de alternativas de uso productivo para la reactivación y fortalecimiento a la economía en el municipio de Manaure, departamento del Cesar’, con el que se buscaba beneficiar a 113 campesinos de la zona rural de la población en la siembra de cacao, plátano y plantas de forestación, además del acompañamiento durante y después de la producción, con el fin de impulsar la reactivación económica del sector. No obstante, a menos de dos meses que se cumpla la fecha de entrega del proyecto, este solo va, según el mapa de inversiones del Departamento Nacional de Planeación, en un 75% de ejecución, y la alcaldía ya le ha girado $8.491 millones.
En un primer informe conocido por este medio sobre lo realizado por el consorcio se encontró que este, solo habría realizado la caracterización de 84 de los 113 predios de los beneficiarios, sin embargo, al parecer no todos los beneficiarios son víctimas, este medio conoció que dentro de ese listado figuran el presidente del Concejo de esa población, Wilfrido Sánchez Rodríguez quien milita en el partido conservador, además, aparece Jean Alberth Daza Oñate sobrino del alcalde, Etel Eunice Sepúlveda, quien sería esposa de Alberto Castro Oñate, sobrino del mandatario y José Alfonso Armenta Fuentes, quien es el padre de Dairis Armenta Muegues gerente del Hospital José Antonio Socarras de Manaure.
El consorcio
El consorcio ‘Manaure Productivo’ está conformado por las empresas, MF INGENIERIA AMBIENTAL SAS ZOMAC, con el 33% de participación, FUNDACIÓN AGUA LUNA con el 34% y DISCEP SAS con el 33%, las dos primeras, hicieron parte de un carrusel de empresas que se habrían quedado en el Cesar con millonarios recursos del fondo de pagos por servicios ambientales, mientras que la otra empresa, es decir, DISCEP SAS, no tiene ninguna experiencia en temas ambientales, sin embargo, hace parte del staff de empresas del Cesar, que ejecuta los megaproyectos de infraestructura; pero dentro de los datos para destacar, está que quién figura al frente es Héctor Gómez González, quien registra como hombre cercano en las estructuras de negocios del hoy senador Didier Lobo Chinchilla.
La minucia del contrato
Dentro de las actividades que debe cumplir el contratista, llama la atención, el suministro de 452 cartillas a los campesinos, por valor de $13 millones 560 mil pesos, 19 talleres por un valor cercano a los $110 millones de pesos, kit de insumo para talleres por valor un valor cercano a los $200 millones de pesos, 130 millones de pesos en kits post cosecha que no especifica en qué consiste, más de $11 millones de pesos en kit de bioseguridad por COVID-19, pese a que ya no existen medidas frente a la pandemia y por si fuera poco el contratista cobró $2.300 millones de pesos por la administración del proyecto.
Dentro de los datos relevantes aparece que el alcalde de Manaure, Henry Oñate Fragozo, haya pagado cartillas para los campesinos a 30 mil pesos, y haya pagado por 19 talleres, más kit para los mismos, cerca de $500 millones de pesos. Según una fuente que pidió reserva, le aseguró a este medio de comunicación que en la Contraloría General de la República llegó una denuncia anónima, y que al municipio habría llegado una comisión a visitar 15 predios donde se estaría ejecutando el proyecto, encontrando serias inconsistencias; entre ellas, que la supervisión de la ejecución del contrato esté en manos de la secretaría de obras y no de la UMATA, además que no se estén cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas a la hora de la siembra del cacao y lo más grave que no existe ningún control por parte del consorcio sobre la siembra de las plantaciones por lo que al parecer los árboles de cacao y de plátano han sido comercializados por algunos beneficiarios, a 1.300 y 1.600 pesos cada planta.
La interventoría
El contrato de interventoría, tuvo un valor de 955 millones de pesos, otorgado al consorcio Interventoría Agromanaure, representado por Edwin Eduardo Rubio Cortes, quién a su vez ha laborado como ingeniero ambiental de la gobernación del Cesar desde el año 2020.
Este consorcio está conformado por las empresas FC Constructores S.A.S con el 70% de participación, y la corporación para apoyar el sector ecoturístico y minero ambiental de La Guajira con el 30%. FC Constructores fue constituida en el año 2012, por Carlos Alberto de la Ossa Lacouture y Fernando José Noriega Orrego, dentro de sus actividades principales aparece la construcción de obras civiles, y para el año 2022 justo antes de la ejecución de este proyecto le ampliaron el objeto para realizar interventorías en temas ambientales.
El mismo movimiento hizo Carlos Alberto de la Ossa Lacouture quien era hasta el 14 de marzo accionista de FC Construcciones, pues, ese día le habría pasado las acciones a su hermano, Alberto José de la Ossa Lacouture, para unos días después tomar posesión como secretario de Obras del municipio de Valledupar. Cabe destacar que Carlos Alberto de la Ossa Lacouture antes de llegar al cargo figuró dentro de varias empresas que hicieron parte del carrusel de contratistas que se quedaron con los recursos de pagos por servicios ambientales y está inmerso en el polémico contrato del sistema de riego que ejecuta la gobernación del Cesar en el corregimiento El Toco jurisdicción de San Diego.
El Alcalde de la paz Martin Zuleta Miles se robó también esa plata …