La semana en la que este medio divulgó de la reunión sostenida entre contratistas y ex-contratistas de la Gobernación del Cesar y varios personajes encargados de la manipulación de los procesos de contratación para direccionarlos a las empresas de su interés, al parecer, se habría realizado otra reunión en un lujoso apartamento del edificio Piamonte al norte de Valledupar, donde varios de los personajes asistentes en la antigua reunión hicieron presencia, con el fin de organizar un plan para contrarrestar la publicación realizada por este medio en la sección de opinión, titulada ‘La orden es asesinarme’, para ello habrían utilizado a un personaje enfurecido porque el medio en esa misma edición la número 39, hablo de él, se trata del señor Andrés Arturo Fernández Cerchiario, quien se ‘salió de la ropa’ porque este medio le publicó una nota periodística de una sanción impuesta por la Contraloría General de la República, por negligente a la hora de presentar los reportes financieros del Área Metropolitana cuando este fungió como director, hecho que había pasado desapercibido para los medios de comunicación locales por obvias razones.
En esa reunión en “Piamonte” se habrían tocado varios temas referentes al director del medio y al medio como tal, se habló de los ataques que sufriría tanto el medio como el director a través de cuentas falsas de Twitter e Instagram (bodegas), tal como sucedió las últimas dos semanas, a eso se le sumó que se realizaría un acoso judicial sistemático por parte de quienes hacen parte de la estructura oscura que maneja la contratación del Cesar, para ellos tendrían que contratar a varios juristas. No obstante, el primero en iniciar el acoso fue, Jaime Luis Fuentes Pumarejo, de quien se dijo en el editorial que habría estado en la reunión del sábado (22 de abril), este hizo llegar un documento de rectificación, y al mejor estilo paramilitar y sin ninguna prueba legal que lo sustente nos puso un ultimátum de 48 horas para rectificar la nota de las plataformas digitales y retractarnos de lo dicho, colocando las exigencias donde y como debía publicarse la retractación.
El documento de tres páginas fue enviado de forma física al medio de comunicación y aunque en apartes del oficio asegura no hacer parte de la Gobernación del Cesar, el documento fue enviado con el mensajero de la casa de gobierno, “vengo de la Gobernación del Cesar a entregar este documento no sé de qué es”, dijo Ever Rincón Criado, quien es un contratista de vieja data de la gobernación, actualmente tiene un contrato desde el 13 de enero del presente año como mensajero en la casa de gobierno departamental, en específico de la Secretaría General donde ejerce sus funciones como cabeza de esa cartera, Lorena Hernández, quien sostendría una relación amorosa con Fuentes Pumarejo, se supo además que a este último le pidieron no frecuentar más la gobernación. En la misma línea, se anunciaron una serie de denuncias ante la Fiscalía por parte del abogado de la oficina jurídica de la gobernación, Sergio Barranco Núñez, y la asesora de Planeación, Violeta Patricia Ortiz Benavides, quién pasó de ser una activista de la Universidad Popular del Cesar, hacer una ficha clave en la estructura contractual de la gobernación, al punto de haber estado en la terna de elegibles para ser gobernadora encargada, su poder dentro de la gobernación vendría por el lado de un personaje externo a la estructura de gobierno, con quien tendría una estrecha relación.
Este grupo además tiene un espacio en la gobernación al que denominaron ‘El Hueco’, pero este será otro capítulo de la historia del que hablaremos en otro editorial. Mientras, por un lado, se fraguaba como serían los ataques a través de redes sociales, y como se daría el acoso judicial, Andrés Arturo Fernández Cerchiario, planeaba como a través de radio Guatapurí lanzaba un ataque visceral en contra del medio y del director, y así fue, se dio con la complacencia de su ‘auto parlante’, el mismo que el día 20 de octubre de 2021, utilizó sus redes sociales para divulgar la noticia falsa de que el director de este medio había sido detenido por extorción, cuando quien estaba realmente siendo judicializado era su protegido, Andrés Arturo Fernández y eso mismo trató de hacer el lunes 8 de mayo cuando en vez de cuestionar al ex-funcionario por las indelicadezas en la contratación cuando estuvo como secretario de Ambiente y en la dirección del Área Metropolitana, los cuestionamientos se sesgaron hacia el periodista y todo eso hoy es entendible.
Posdata: Tengo pruebas de todo lo dicho en el editorial ‘La orden es asesinarme’ me pueden llevar hasta los estrados judiciales de la Corte, será allí donde revele las pruebas, si esta me las solicita, todo esto con la precaución de salvaguardar la vida de las fuentes, pues aseguran que esta gente es muy peligrosa, y así lo confirmó Salvatore Mancuso ante la JEP la semana pasada.
