Mediante un ‘carrusel de contratación’, dos contratistas con el beneplácito de tres alcaldes, han contratado más de 10 mil millones de pesos para acueducto y alcantarillado, no obstante, ambos servicios no funcionan de forma adecuada. Varios delitos contra la administración pública se estarían presentando, como la celebración indebida de contratos, fraccionamiento, entre otros.