La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó la sanción impuesta a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por un valor de 1.817 millones pesos en noviembre de 2021, al no poner en operación comercial del Proyecto Hidroituango.
Mediante la Resolución 20222400034375 del 31 de enero de 2022, la superintendencia resolvió el recurso de reposición presentado por EPM y confirmó que, debido al retraso en la puesta en operación de Hidroituango el 1 de diciembre de 2018, y la empresa incumplió la fecha de inicio del periodo de vigencia de las Obligaciones de Energía en Firme.
La Superservicios estableció que EPM no logró desvirtuar su responsabilidad por la no entrada en operación del proyecto, lo que implicó un incumplimiento regulatorio, así como un riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica en el país, hecho que llevó a la Creg a la convocatoria de una nueva subasta de expansión para cubrir el déficit de energía, sin afectar el suministro a mediano plazo.
