En un predio que está en litigio entre miembros de la comunidad Kankuama, en el corregimiento de la Mina, jurisdicción del municipio de Valledupar, dos exalcaldes habrían invertido cerca de $800 millones de pesos para la puesta en marcha de una procesadora de lácteos y fruta que nunca entró en funcionamiento. En el año 2022 La Contraloría General de la República incluyó esta obra dentro de los tres proyectos más costosos del Cesar y que ya es considerada como ‘Elefante Blanco’.
Luis Fabián Fernández inició el despilfarro
El proyecto inició en el año 2011 en el gobierno del ex-alcalde Luis Fabián Fernández Maestre, quién otorgó un contrato al ‘Consorcio del Valle 2011’, Conformado por los señores Jaime Luis Fernández Zuleta y Armando Luis Peralta Rivera, el primero de estos, es un curtido contratista de proyecto de acueducto y alcantarillado, que creó una red de empresas que se quedó con la millonaria contratación en el municipio de Pueblo Bello durante los últimos 12 años, incluyendo los financiados con recursos de la paz, hoy dichos proyectos al igual que la despulpadora que construyeron no han funcionado.
El acta de inicio del contrato, por valor de $334 millones de pesos, se firmó el 26 de diciembre de 2011, cuatro días antes que dejara el cargo Luis Fabián Fernández Maestre, en el documento se estipuló como plazo para la entrega de la obra 90 días, es decir, el 25 de marzo de 2012 el proyecto cuyo objeto era ‘construcción de un centro tecnológico para el procesamiento de lácteos, y frutas’, debió de entrar en operación, pero eso nunca sucedió. De ese contrato cabe destacar que en el gobierno de Fredys Socarrás Reales, la secretaria de Obras para la época, Yarime Lobo Baute, firmó una prórroga del contrato por quince días, y quien proyectó dicho documento fue Tomasa Mendoza Mieles, hoy mano derecha del alcalde del municipio de La Paz, Martín Zuleta Mieles, salpicado por presuntos hechos de corrupción.
El ex-alcalde Tuto Uhía y Akotados
Seis años después de la primera inversión, el ex-alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, el 22 de agosto de 2018, le otorga un contrato por valor de $446 millones de pesos, a la firma Akotados, de propiedad de Jose Carlos Peña Matos, quien hizo parte de la construcción de la fallida Casa en el Aire. Este contrato tenía como finalidad, la terminación de la planta de procesamiento frutales, la misma que había iniciado Luis Fabián Fernández, según versiones de los habitantes de ese corregimiento, el contratista, solo habría pintado la estructura que ya estaba construida, instalado los ventanales y habría construido un baño. Por ello habría pagado la administración de Ramírez Uhía, cerca de $450 millones de pesos.
Según pudo conocer El Periódico, la procesadora de lácteos y frutas que buscaba beneficiar cerca de 2.000 personas no funciona, y fue convertida por los indígenas zona de bodegas y está prohibido el ingreso a particulares.
