En esta primera etapa de las elecciones quedó demostrado que la recolección de firmas no es más que una trampa a la ley para hacer campaña antes de tiempo. Varios candidatos se aprovecharon de dicha figura para hacer propaganda electoral en espacio público, poner vallas publicitarias, tener equipos de avanzada, acceder a medios de comunicación y recorrer las calles entregando publicidad, mientras ello estaba prohibido para el resto de los aspirantes. Casos como el de Gonzalo Arzuza Torrado, Jaime González Mejía y Katia Milena Ospino, entre los más insólitos: no entregaron las firmas a la Registraduría, no reportaron la plata que se gastaron en el proceso y terminaron siendo candidatos con aval de Partidos Políticos. Todo un fraude a la democracia.
Hagamos algunas precisiones: En Colombia, si usted quiere aspirar a un cargo de elección popular, puede hacerlo con aval de un Partido Político, hay 35 en total, o a través de la conformación de un Grupo Significativo de Ciudadanos recolectando firmas. Si lo hace a través de la primera opción, debe esperar el plazo de ley descrito en el Calendario Electoral que expide la Registraduría, que este año recibía inscripciones entre el 29 de junio y el 29 de julio. Si lo hace por firmas, la ley le permitía inscribir el comité de recolección de apoyos desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 29 de junio de 2023. El número de firmas a recoger varía según el cargo para el cual se inscribe el Grupo Significativo, las cuales, una vez recolectadas, deben depositarse ante la Registraduría para su validación y certificación, a fin de que pudiera usted inscribirse como candidato a más tardar el 29 de julio pasado.
En síntesis, el camino de las firmas a un candidato le permite adelantar su campaña respecto de quienes aspiran con aval de Partido Político. Pero, el candidato tiene la responsabilidad – al menos ética- de entregar las firmas a la Registraduría, o habrá estafado a la ciudadanía que le depositó su rúbrica. No le queda bien a quien aspire dirigir los destinos de un municipio o departamento, estafar la confianza democrática, ya de por sí, maltrecha en nuestros tiempos.
El pueblo demanda dirigentes con valores y principios, no todo vale. Gonzalo Arzuza Torrado, el primero que se inscribió como candidato a la Alcaldía de Valledupar a través de firmas, nunca las entregó, terminó de candidato a la Asamblea por el Partido Liberal. Jaime González Mejía, el que tenía “la mirada puesta en la gente”, volteó la vista a los Galán y se avaló por el Nuevo Liberalismo. Katia Milena Ospino Acevedo, la de “El Pueblo Manda”, mandó al pueblo pa’ el carajo y le empeñó las firmas a Carlos Caicedo Omar, gobernador del Magdalena, quien irónicamente compartió el PAE de su departamento al mismo operador del PAE de los Gnecco en Cesar, -Son datos y hay que darlos-. En fin, estos candidatos hicieron la pantomima de las firmas para hacer campaña primero que los demás y al final se hicieron avalar por Partidos políticos, una jugadita poco leal con los electores.
En todo caso, como el proceso de recolección de firmas constituye en sí una campaña, el Grupo Significativo de Ciudadanos y el candidato, están obligados a reportar en el aplicativo de “Cuentas Claras” del Consejo Nacional Electoral, la financiación y gastos con que se adelantó el proceso. El reporte ante la auditoría electoral tiene como propósito evitar el ingreso de dineros ilícitos a las campañas políticas y por eso es importante que los candidatos digan a la ciudadanía de donde sale la plata con la que hacen sus campañas. El plazo de ley para radicar el informe de cuentas de quienes adelantaron proceso de recolección de firmas, las haya radicado o no, era hasta el 29 de julio, último día de inscripciones de candidaturas. ¿Adivinen que candidatos no lo hicieron? Gonzalo Arzuza, Jaime González y Katia Ospino. No obstante, que todos vimos a dichos aspirantes con tropas en la calle, vallas publicitarias y propaganda electoral varios meses atrás, parece que eso no costó un peso, no les tocó gastarse ni una bolsa de agua. Eso está como raro ¿No? Candidatos, No olviden El fraude cometido por los candidatos por en el Cesar firmas 6 7 que ocultar los gastos de campaña y origen de dicha financiación, es también un acto de corrupción y de falta de transparencia con el electorado.
En conclusión, el Consejo Nacional Electoral tendrá que tomar acciones en este tipo de situaciones con candidatos que defraudan el sistema electoral para sacar ventaja de la ley y hacer campaña antes de tiempo. Bien podrían Gonzalo Arzuza, Jaime González y Katia Ospino resultar sancionados por incurrir en la infracción de propaganda extemporánea. De igual manera, el Congreso de la República tendrá que legislar al respecto, para evitar que avivatos se aprovechen de la recolección de firmas para hacer campaña, evadiendo las justas reglas de la democracia.
