Un contrato por 706 millones de pesos, firmado por la gobernación del Cesar y el consorcio ‘Arbolado 2023’ para sembrar arbolitos en Valledupar, revivió el escándalo que sacudió a esta entidad en el año 2022, por los contratos otorgados a empresas de papel que orbitan entre esta gobernación, la alcaldía de Valledupar y el Área Metropolitana. El contrato al que se hace referencia en esta ocasión fue firmado por la secretaria de Infraestructura, Esther Mendoza Peinado, y tendría dentro de las actividades más relevantes la siembra de 500 árboles, por el que cobraron 101 millones de pesos, 60 millones para regarlos y 40 millones por el alquiler de una camioneta para transportar el personal, se desconoce por donde inició el proyecto, pero si se conocieron los detalles de las empresas que se ‘ganaron’, la licitación.
Así orbitan las empresas de papel
El contrato cuyo objeto es “Implementación de obras para el cuidado de árboles en la zona urbana de la ciudad de Valledupar, Cesar” fue otorgado al consorcio ‘Arbolado 2023’, conformado por las empresas Ecopro S.A.S y La Fundación Agua Luna. La primera constituida el 18 de abril de este año y la segunda creada en el municipio de Barrancas La Guajira en el año 2010, ambas con el 50% de participación.
Ecopro S.A.S fue constituida por María Fernanda Badillo Ricardo, sobrina del candidato a la alcaldía de San Alberto, Edgar Ricardo Díaz, el nombre de la mujer no es desconocido en el cartel de contratistas de la Gobernación del Cesar, pues ella también, figuró como representante legal del consorcio ‘Conservación Manaure’, que estaba conformado por la fundación Biopaís que fue constituida por el chofer y escolta de Andrés Arturo Fernández, Lenin Ditta Ruiz y Andrea Carolina Ricardo contratista de la gobernación y prima de María Fernanda, a dicho consorcio el Instituto de desarrollo del Cesar – Idecesar, le otorgó un contrato para siembra de arbolitos por 1.388 millones de pesos.
Dentro de los hilos de Ecopro con el carrusel de empresas de la gobernación del Cesar, aparece la experiencia que aportó María Fernanda Badillo Ricardo en el Registro Único de Proponente, la cual, fue una certificación expedida por la Fundación Jusanagua que ha realizado trabajos de la mano con Biopaís, y la experiencia laboral que la vincula con la empresa Bioprojects S.A.S Zomac, todas engranadas para ejecutar proyectos de siembras de arbolitos o reforestación.
Cabe resaltar que este contrato fue denunciado ante la Contraloría Gerencia Cesar y por competencias fue trasladado a la departamental, donde oficia Juan Francisco Villazón Tafúr; de la investigación no se ha sabido nada.
De Barrancas a la gobernación del Cesar
La Fundación Agua Luna, cuyo nombre hace alusión a un barrio del municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira, fue constituida en el año 2010, por los esposos Gerald Brisson Mendoza y Martha Leonor Ucros Gámez, su prontuario contractual en el Cesar es escandaloso, hizo parte del cartel de empresas que se quedó con los proyectos de pagos por servicios ambientales en esta región del país. Además, hace parte del staff de contratistas de la casa departamental, llama la atención que en el año 2020 le fue otorgado un contrato similar al concedido este año.
La Fundación Agua Luna, no solo ha ejecutado los polémicos proyectos de pagos por servicios ambientales y siembras de arbolitos en Valledupar, sino, que ejecutó el proyecto productivo de OCAD PAZ en el municipio de Manaure por un valor de 11.500 millones de pesos, que iba dirigido a las víctimas del conflicto y terminó fue en las fincas de los políticos de esa población.
La Fundación Agua Luna ha contratado solo en Corpocesar desde el año 2017 cerca de 10 mil millones de pesos. Mientras que la gobernación del Cesar, le ha otorgado contratación por más de 5.416 millones de pesos, además de 1.494 millones de pesos, que le otorgó en dos contratos la alcaldía de Valledupar; por otro lado, la alcaldía de Becerril le ha adjudicado más de 3.360 millones de pesos.
Algunos contratos han sido adjudicados de forma directa a Agua Luna, sin contar la millonaria contratación de pagos por servicios ambientales.
