Por Jeiner Campo Soto
En días pasados el país fue espectador de como el Ministerio de Educación revocó la acreditación de alta calidad a la universidad Sergio Arboleda. La noticia fue difundida por Daniel Coronell en la que expuso que debido a las presuntas irregularidades del centro educativo investigadas desde el pasado gobierno por la Subdirección de Inspección y Vigilancia ministerial se habría tomado la decisión de prohibir a la institución de seguir presentándose como una entidad con acreditación institucional, pero ¿Qué tiene que ver esto con la UPC?
Tratar de esbozar aquí una comparación académica entre la UPC y la Sergio es caer en la ciencia ficción, pero la Sergio y la UPC encuentran un enemigo en común bochornoso: la corrupción de quienes han encabezado las sillas rectorales.
Entre las presuntas irregularidades investigadas en la Sergio se encuentran la contratación de docentes que realmente no daban clase, sino que son nombrados por su influencia política; la compra de inmuebles por directivos para arrendárselos a la misma universidad y el negocio de “yo con yo” de una hacienda del rector Rodrigo Noguera que donó a una fundación de la universidad para que esa fundación le entregara la explotación a una compañía del rector.
La UPC se encuentra bajo un régimen de vigilancia especial ordenada por el Min Educación a través de la resolución 023672 del 21 de diciembre de 2020 y respaldada por la ley 1740 del 2014, estableciendo en esa misma medida una fiducia de administración y garantía financiera, un inspector in situ y visitas periódicas de la subdirección de Inspección y Vigilancia, entre otras. Frente a la contratación docente que realmente no dan clase es preciso afirmar que al interior de la UPC existen sendas irregularidades en la materia: en el semestre 2022-1 se contrataron a docentes con hasta 40 horas en actividades de extensión mal interpretadas, en la práctica, por algunos docentes como horas asignadas para no hacer nada. La administración Romero para el semestre 2022-2 estableció bajo el principio de austeridad, un filtro en la asignación de las controvertidas horas de extensión, tan austero ha sido (para algunas cosas) que eliminó de tajo las reuniones de área. Sin embargo, la delegada de la inspección y vigilancia del ministerio de educación nacional estuvo visitando la institución hace unas semanas encontrándose la existencia de condiciones apremiantes similares a las encontradas en la Sergio, que si bien no son nominas paralelas, tocan de forma y fondo el régimen de contratación y vinculación docente.
La visita a la institución se emana requerimiento, solicitando aclaraciones y justificaciones: “justificación legal y moral admirativa para designar y delegar las funciones contractuales en una persona que está siendo procesado por delitos en contra de la administración pública”, “el resurgir de la UPC tiene a los decanos violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, ejemplo de ello es que la decana de derecho, Dra. Sandra Sierra, asigna seminarios de investigación a su esposo y tiene parientes vinculados con la UPC. Caso similar acontece con el decano de FACE, el cuestionado Dr. Valdomero Rosado, el cual en su calidad de decano se asigna honorarios para el mismo.”
En el mismo oficio, firmado por la Subdirectora de Inspección y Vigilancia del MEN, Gina Margarita Martínez Centanaro, solicita también aclaraciones en cuanto a los negocios de directivos para amañar la adjudicación de contratos de servicios universitarios. Situación investigada en la Sergio y de la que también se encuentra evidencia en la UPC, al advertir una posible irregularidad de la decana de derecho, Dra. Sandra Sierra, en la adjudicación del contrato de las cafeterías y comedor estudiantil, por lo que se requirió “cuál es el mecanismo para asignar las cafeterías y cupos por parte de la universidad, persona responsable, manual de procesos de asignación y costos pagados en favor de la universidad”, y también “Cuál es la explicación para la asignación de cafeterías a los decanos, en especial la de derecho, y cuál es el trámite para asignar los cupos de las cafeterías en la universidad”.
También la subdirectora le requiere a Rober Romero explicación de las actuaciones administrativas en cuanto a “los ecos de honorarios suscritos por parte de los familiares de la doctora Sandra”, “¿la información de los ecos donde el decano de FACE se auto contrata para dictar seminarios, la información del eco (estudios previos y de conveniencia, minuta, informe final y si ya el rector canceló este concepto)”, el criterio (mérito, nepotismo, amistad íntima, familiaridad) tenido en cuenta por los decanos para asignar seminarios” y “los ecos de dotación suscritos en los últimos 4 meses”.
En ese sentido, los tres ejes que llevaron a la perdida de la acreditación institucional de alta calidad de la universidad Sergio Arboleda encuentran espejo en muchas de las situaciones irregulares de la Universidad Popular del Cesar, que si bien no cuenta con acreditación institucional de alta calidad de sus veintidós programas ofertados en pregrado, posee solo tres programas acreditados según el registro en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior en Colombia, SNIES, y que hoy por hoy podrían perder dicha condición. Una decisión de tal magnitud encuentra asidero en el artículo 51 del acuerdo 02 del 2020 por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad. Así las cosas, las condiciones están dadas, como se mencionó con anterioridad, la UPC es objeto de una medida preventiva y de vigilancia especial, la administración del resurgir de la UPC en cabeza de Rober Trinidad Romero comparte irregularidades administrativas en los mismos ejes que fueron encontrados en la Sergio. El resultado no puede ser otro que el mismo acaecido en la Universidad Sergio Arboleda.
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