En Valledupar se embolataron $400 millones que eran para víctimas

Una serie de irregularidades se evidenciaron en el contrato 679 del 13 de julio de 2020 ejecutado entre la alcaldía de Valledupar y la Fundación Amovida, por un valor de 400 millones de pesos, cuyo objeto era brindar atención humanitaria inmediata a las víctimas del conflicto, desalojadas y vulnerables en el municipio. No obstante, según investigación de El Periódico, la fundación no cumplió con el objeto del contrato, debido a que algunas de las personas beneficiadas aseguran que la alcaldía los llamó para que se desplazaran de sus residencias hasta el hotel Millrose de esta capital, porque habían sido favorecidos con una estadía gratis. Afirman además que nunca les hicieron sensibilización ni acompañamiento y solo les entregaban kits de aseo para su familia; al mes de estar allí le dijeron que el beneficio se había acabado y les pagaron el transporte para que se regresaran a sus casas.

Dentro de los gastos que presentó la fundación Amovida a la alcaldía de Valledupar para que le pagaran el millonario contrato, aparece el hotel Millrose, ubicado en la avenida Simón Bolívar, contratado por un valor de 29 millones de pesos, para el hospedaje y la alimentación de los beneficiarios. A su vez, la fundación suscribió un contrato con Miguel Delgado Martínez, para el suministro de 200 kits de aseo personal por un valor de $10.960.000, para un total de 40 millones de pesos. Estos habrían sido los gastos de la fundación del contrato de 400 millones de pesos. La fundación Amovida, estaba para ese entonces representada legalmente por Ana Milena Romero, quien actualmente se encuentra fuera del país.

¿Quiénes se beneficiaron?

Quienes salieron beneficiados manifiestan que fueron contactados vía telefónica por  supuestos funcionarios de la administración municipal para ser hospedados en el hotel Millrose por un mes, otros estuvieron hospedados por dos meses y algunos unos días. “Llamaron a mi marido y le dijeron que había salido favorecido. Nos mandaron para el hotel a que estuviéramos allá y nos daban la comida. Estuvimos un mes y cuando se cumplió nos mandaron a la casa”, aseguró una de las personas desplazadas.

Otra de las personas que estuvo albergada en el lugar, expresó: “Yo llegué a Valledupar en busca de refugio ya que venía siendo amenazado de muerte y me presente ante la personería, ellos hacen la gestión y luego me llaman para brindarme la estadía en el hotel millrose”, indicó.

Según el informe presentado por la fundación Amovida a la alcaldía de valledupar, da cuenta que las víctimas fueron redireccionadas por Mónica Corrales, coordinadora del Centro de Atención y Reparación a las Victimas del municipio y junto a Patricia Chona, Trabajadora Social de esta entidad, hicieron el respectivo acompañamiento a los beneficiarios.

Por su parte, las víctimas dijeron desconocer a las funcionarias y negaron haber recibido algún tipo de acompañamiento. “A mí no me capacitaron absolutamente para nada”. “No nos dieron capacitaciones, solo nos tenían ahí y ya. Al salir de ahí quedamos en el aire”, expresaron.

El Periódico contactó inicialmente vía telefónica  a la funcionaria pero esta manifestó que “con base a la ley 1448 de 2011 que obliga al municipio brindar una ayuda humanitaria inmediata de acuerdo a la remisión que hace el Ministerio Público cuando la víctima llega a Valledupar y requiere de asistencia humanitaria” .Para obtener mayor información este medio llegó hasta las instalaciones de la entidad para dialogar sobre el tema con Mónica Corrales, sin embargo, ella optó por no dar declaraciones, asegurando que lo concerniente a ese contrato se debía tratar con la alcaldía. Por otro lado esta casa editorial intentó contactar personalmente a Nivia Ramírez, encargada del hotel Millrose, pero no permitió el ingreso al establecimiento ni entrevista alguna. Asimismo contactamos al personero de Valledupar, Silvio Cuello vía telefónica y mensajes de WhatsApp pero tampoco se tuvo respuesta, pese a la responsabilidad que le embarga a la personería con el tema de víctimas.

El periódico conoció además que en 2020 el Concejo de Valledupar aprobó 800 millones de pesos para este programa que se divide en 2 fases, una correspondiente a capacitaciones y la segunda es la atención integral donde se brinda el apoyo jurídico, psicológico, cultural y demás. Sin embargo, en ese lapso la atención solo fue brindada durante los últimos tres meses de ese año.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley de victimas 1448 de 2011, la ayuda humanitaria debe ser entregada a aquellas personas que manifiestan haber sido desplazadas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia alimentaria, la cual deberá ser proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal receptora de la población en situación de desplazamiento. La atención debe ser de manera inmediata desde el momento en que se presenta la declaración, hasta el momento en el cual se realiza la inscripción en el Registro Único de Víctimas.

De igual manera establece que pueden acceder a la ayuda humanitaria las personas que presenten la declaración de que trata el artículo 61 de esta Ley, y cuyo hecho que dio origen al desplazamiento haya ocurrido dentro de los tres meses previos a la solicitud.

En este caso en particular las víctimas no solicitaron este tipo de ayuda, sino que fueron localizadas por la administración municipal porque habían sido favorecidos con una estadía en el mencionado hotel.

El Periódico continuará con esta investigación para conocer más detalles de las irregularidades de este contrato, y lo que ha ocurrido con la inversión de los recursos destinados para las víctimas en el municipio de Valledupar durante las vigencias 2021 y 2022.