En la urbanización El Porvenir, al sur de Valledupar en el departamento del Cesar, los habitantes denuncian que las autoridades locales en cabeza de Fonvisocial, no quieren entregar las viviendas a la población desplazada, las casas están terminadas pero sin habitar, que les incumplieron con las vías de acceso que les prometieron y hoy no existen. Además aseguran, que el municipio dividió la urbanización y que de las 700 casas que aun no les entregan a los desplazados, tendría alrededor de 15 casas amobladas para hospedar a varias delegaciones de los Juegos Bolivarianos, en caso de no terminar a tiempo la construcción del complejo habitacional denominado, La Villa Bolivariana, el gerente de Fonvisocial Carlos Alberto Daza, no desmiente estas afirmaciones, aunque asegura que las viviendas tendrían que ser evaluadas por el comité olímpico para ver si son actas para acoger a las delegaciones.
Han pasado 11 años desde que se tomaron las medidas para que los desplazados ubicados en una de las invasiones más grandes de la ciudad de Valledupar, fueran reubicados en las 800 viviendas que se construyeron en el barrio El Porvenir al sur de la ciudad.
Pese a que en diciembre de 2018, durante la administración de Augusto Ramírez Uhía, se firmó un convenio para la construcción de las mismas y donde el gobernador Franco Ovalle dispuso 10 mil millones pesos de recursos de regalías, el municipio aportó el lote habilitado con servicios, más los recursos que sumaron 5 mil millones de pesos para la construcción de la urbanización, los desplazados denuncian politiquería en la entrega de las viviendas, pues pese a que existe una comunidad afectada por dicho flagelo, solo han entregado 96 viviendas, las otras 704 están construidas pero deshabitadas.
Gerente de Fonvisocial
El gerente de Fonvisocial, Carlos Daza, en dialogo con El Periódico aseveró, “Las viviendas cumplen con los requisitos mínimos para ser habitadas. Le estamos dando cumplimiento a la sentencia T-946/11 y a la fecha hemos entregado 96 viviendas, de 116 que tenemos programadas entregar, porque las demás familias no las hemos encontrado, no sabemos de su paradero”.
Pero quienes habitan en El Porvenir dicen todo lo contrario, Ornellys Santana, una de las beneficiadas señaló: “Hemos tenido una batalla campal desde que llegamos, ellos dicen que los desplazados no han aparecido. Que se vayan a la invasión que allá hay bastante gente viviendo en peores condiciones que nosotros”.
aislados de la ciudad y azotados por la inseguridad.
Habitante de El Porvenir
Otro habitante del sector expresó: “Mis hijos los dejé en la invasión, en los cuartos tenemos que caminar de lado porque uno no cabe. Las casas son demasiado pequeñas, pero para ellos esto es demasiado para nosotros; y las que están al fondo no las quieren entregar ¿por qué?, la gente que salió favorecida está en las invasiones esperando que les entreguen su casa, ¿qué quieren hacer con las casas?”. Nos quieren dividir el barrio en dos, para meter su personal del otro lado.
Residente de El Porvenir
Sergio Sierra, quien también reside en el lugar aseguró: “Les entregaron a 10 familias hace dos años, de ahí para acá han sido líos y problemas, a una vecina le tocó encadenarse en Fonvisocial para que le entregaran su casa, a las malas, siendo asignada por el Estado, eso no debería suceder en las administraciones. Hicieron estas cajitas de fósforo y nosotros las recibimos. Pero las vías de acceso fue un compromiso que antes de que recibiéramos las casas las arreglaban ¿dónde están?”.
Las familias de El Porvenir, aseguran además, que las viviendas que no han sido ocupadas serían utilizadas para los Juegos Bolivarianos: “Quieren meter a los participantes de los juegos aquí, esto no es para eso, esto es para desplazados, que vayan a meter eso para otro lado que ellos tienen suficiente como para darles buen hospedaje”, expresaron los habitantes de la urbanización.
Ante estas múltiples quejas, el gerente de Fonvisocial Carlos Alberto Daza respondió: “Son comentarios que han cogido fuerza, pero para eso se está construyendo la Villa Bolivariana. La organización de los Juegos tendrá que valorar si esas casas permiten que allí se alojen los deportistas”. El funcionario dijo, además, que hay un proyecto de pavimentación en muchos sitios de Valledupar y está estipulada la construcción de las vías de acceso en El Porvenir, pero eso no le corresponde a la entidad.
La historia detrás de El Porvenir
En octubre del 2008, 800 familias desplazadas por la violencia, de diferentes departamentos y asentadas en la ciudad de Valledupar, decidieron ubicarse de manera pacífica en un predio privado en Valledupar; predio denominado La Sabana 1, de propiedad del señor Alberto Pimienta Cotes, quien el 25 de noviembre del mismo año instauró una querella policiva contra las personas que estaban ocupando el terreno.
Luego, el 26 de enero de 2009, el alcalde Luis Fabian Fernández, admitió la querella y decretó el desalojo de las familias, en las que habían cerca de 1600 niños y 1400 adultos que habitaban en Bello Horizonte 2, Altos de Pimienta, Guasimales y Brisas de La Popa. El 8 de marzo de 2011 el apoderado de estas familias y representante legal de la ONG, Asociación Nacional de Destechados, presentó una oferta al señor Pimienta Cotes, cuyo objetivo era comprar los predios con un anticipo de $200 millones, pero no obtuvo ninguna respuesta.
Es por eso, que el 24 de marzo entregó al alcalde una solicitud para que fuera aplazado el desalojo masivo de los ocupantes de los predios objeto del proceso policivo. Sin embargo, el 29 de marzo en consejo de gobierno se ratificó la orden de desalojo en contra de los ocupantes, fijando como fecha el 6 de abril. Así las cosas, los invasores interpusieron una tutela el 1 de abril en busca de ser reubicados, sosteniendo que vivían en condiciones indignas e infrahumanas, debido al hacinamiento en que se encontraban, sin contar con servicios públicos adecuados y de alcantarillado.
A su vez solicitaron la suspensión del proceso de desalojo; la reubicación en viviendas dignas de la población desplazada asentada en los predios; la apropiación por parte de la Alcaldía de Valledupar y del Departamento del Cesar, de los recursos necesarios para ejecutar programas de vivienda destinados a la población desplazada; y la entrega, por parte de Acción Social, de los recursos necesarios para resolver los problemas de vivienda que se pretende proteger mediante la presente acción de tutela.
El 4 de abril de 2011 mediante Resolución No. 000805 el alcalde de Valledupar resolvió: suspender de manera indefinida la diligencia de desalojo fijada por la Inspección Séptima de Policía de la Casa de la Justicia de la Nevada de Valledupar, en el inmueble urbano ubicado en la vía de la Vereda, denominada, Cominos de Tamacal, propiedad del señor Alberto Pimienta Cotes, teniendo en cuenta el estado de cosas inconstitucional declaradas por la Corte Constitucional en materia de atención a las víctimas del desplazamiento forzado y “mientras el municipio de Valledupar procede a diseñar y ejecutar todas las medidas a su alcance para entrar a solucionar el problema de vivienda planteado con la ocupación de un inmueble objeto de la querella”.
La Gobernación del Cesar, se opuso a las pretensiones aduciendo que dicha entidad no había vulnerado los derechos fundamentales de los mismos, pues, de conformidad con el Decreto 2190 de 2009, no era competente para resolver los problemas de vivienda de la población desplazada. La Alcaldía por su parte indicó que la solución a los problemas de vivienda de la población desplazada requería no solamente de los esfuerzos del municipio, sino también de otras entidades como la Nación, el Departamento y el desaparecido INURBE.
Sentencia T-946/11
Pero el conflicto no paró ahí, esta decisión fue impugnada por las personas desplazadas, por el dueño del predio, por la Defensoría del Pueblo y por Acción Social. Por lo tanto, en segunda instancia la decisión del juez fue confirmar la sentencia impugnada y adicionalmente, ordenó que en un plazo no mayor a 30 días, la alcaldía debía informar por escrito, a cada una de las personas que se encontraran ubicadas en el predio y que no estuvieran aún consideradas desplazadas por la violencia, las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna de interés social y los procedimientos y requisitos a cumplir para ser incluidos en estos programas, e informar a Acción Social, para que evalúe si estas personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado para que pudieran tener acceso a cada una de las ayudas humanitarias que tuvieran derecho.
«Las casas son demasiado pequeñas, pero para ellos esto es demasiado para nosotros; y las que están al fondo no las quieren entregar ¿por qué?»
