El Gas Licuado del petróleo o “Zurrapa”, etiqueta del pueblo cartagenero, ha sido escogido (¿o, impuesto?) por la alcaldía del Municipio de Pueblo Bello y avalado por el Ministerio de Minas y Energía. Según estos entes, es la mejor opción, para la transición de la leña a la gasificación. Cabe el gran interrogante, ¿por qué no fue escogido el gas natural, encontrándose la articulación a cero kilómetros para el sector rural y a 30 kilómetros para el sector urbano, la tecnología de punta aplicada en el ducto, servicio las 24 horas, sin riesgo alguno para las comunidades y los costos más favorables para los usuarios? Los gestores y financiadores del proyecto no han explicado en términos técnicos y éticos la determinación; más bien ha sido negada la información al respecto. El proyecto montado sobre un marco de irregularidades, deslegitima su gestión y contradice los propósitos del mismo. Varias observaciones al respecto:
Los estudios de pre- y factibilidad que soportan la viabilidad técnica, guardados. ¿Será que no cumplen los principios y fundamentos de lo proyectado?, ¿acaso hay intereses diferentes, a los beneficios del servicio de Gas?
En el cumplimiento de requisitos de Ley, para la viabilidad del proyecto, hay jugadas, que parecen trampas, como la resolución ST-1280, del gobierno, parece diseñada con la intención de hacerle ‘conejo’ a la consulta previa. Siendo ésta obligatoria, vinculante en la constitución, y resolución 060 de la OIT. Esto se encuentra en proceso tutelar, en segunda Instancia en el Tribunal del Cesar.
En inminente peligro, está la comunidad educativa del Instituto Escolar JEG, (Jorge Eliecer Gaitán). El proyecto contempla la ubicación de la ‘PIPETA’ que almacena 12 mil litros de gas inflamable, a pocos metros del colegio JEG. El GLP es un sistema manipulable desde su Origen, por tanto, el peligro es amenazador para la vida, no solo de los escolares, también de vecinos residentes alrededor del tanque. Solo nos queda rogar a Dios que proteja a todos los niños, niñas, profesores y habitantes del barrio las delicias.
Sin estabilidad y sostenibilidad. La matriz de abastecimiento, se encuentra a 750 0 450 kilómetros. Se hará a través de carros cisternas, con las eventualidades previstas en carretera: Paros sociales, caídas de puentes, daños en el sistema mecánico, rotura de la banca en vías. Con un agravante, que se suma: la vía Zanjón Pueblo Bello, por su diseño no es apta, para soportar vehículos de carga larga y de alto tonelaje. Hay un valor agregado a esta implementación, los altos precios del GLP en el mercado internacional. Sin control por parte de la CREG. (Comisión de Regulación de Energía y Gas).
No es una solución masiva. Es excluyente, el servicio está previsto solo para beneficiar a 2.300 familias, de 30 mil habitantes, el sector rural marginado sistemáticamente, tendrán que esperar veinte o treinta años más, inmensa infamia a la justicia social.
Las normas en Colombia, contemplan la expropiación, dentro del marco jurídico y el debido proceso. La administración municipal contrario a la ley, aplica el abuso de poder con procedimientos violentos, para recuperar un bien inmueble, focalizado como objeto, para cumplir con su no muy transparente propósito de implementar el GLP. El bien mencionado tiene la posesión por los propietarios actuales, por más de 50 años (familia Álvarez). Donantes inclusive del terreno del Instituto JEG.
La sociedad se pregunta, ¿es necesario poner en riesgo el presupuesto del estado, la vida de los escolares, sus tutores, sus familias, al igual que destruir los alimentos sembrados para el sustento de una familia humilde, atropellar los derechos humanos, solo por satisfacer intereses personales?
¡Ojala el crimen anunciado, nunca se ejecute, para que no retumbe, en la tumba al perpetuador!
