Por: Antonio Sanguino, Senador de La República de Colombia. @AntonioSanguino
El Cesar por más de 30 años ha visto llegar empresas extranjeras a explotar y usufructuar su territorio en las minas de carbón y con ello la migración de sus actividades económicas ancestrales a una económica que atendiera las dinámicas que el “oro negro” ante las promesas de trabajo, desarrollo económico y social. Pero, hoy en día, estas promesas se desdibujan, los despidos masivos, las afectaciones ambientales y la descomposición social de los municipios mineros en el Cesar tienen a las comunidades exigiendo acciones concretas por parte del Gobierno nacional, quienes autorizaron la llega de las mineras y permiten que hoy se marchen dejando muchas preguntas, preocupaciones y ordenes jurídicas inconclusas en el territorio.
Para citar un ejemplo, en el municipio de El Paso, está ubicada la mina El Descanso, la cual fu considerada hace muchos años como la mina más grande del país y una de las más grandes del mundo; una mina que aproximadamente tiene de longitud 20 kilómetros, 2,6 kilómetros de ancho en promedio y una profundidad entre 200 a 600 kilómetros, siendo esta mina la que aportó en el 2019 aproximadamente 22,5 millones de toneladas a las operaciones de la Drummond en Colombia. Una magnitud que para muchos es impensable, por lo que de abandonarse la mina quedaría un hueco inmenso en la zona y con ello afectaciones al ambiente, a la salud y a la vida en los territorios. Le entregamos la integridad de los territorios a las empresas mineras, pero no fuimos claros en establecer la hoja de ruta para el momento que finalizara la explotación. Hoy en Colombia no existe una regulación clara sobre los pasivos ambientales, laborales y económicos de la actividad minera en el carbón. Básicamente por nuestro afán de obtener dinero, reiterados Gobiernos han entregado títulos mineros, sin dejar claro las responsabilidades que deben cumplir las empresas al momento de irse y los pasivos que deben dejar saldados.
Es claro para todos los habitantes del departamento, que los municipios cesarenses dependen de la minería del carbón, cerca del 36,7$ del PIB departamental es por esta actividad; lo que implica que se deban adoptar de forma urgente medidas y acciones con el apoyo del Gobierno nacional que permita contrarrestar el efecto devastador de la tendencia a la baja de la industria del carbón y de los llamados del mundo con el Acuerdo de Paris a descarbonizar la economía.
Esta situación, también exige adoptar fuertes acciones ante los reiterados anuncios realizados por el Grupo Prodeco de entregar los títulos mineros que posee en el territorio y realizar despidos laborales masivos, afectando a un gran número de trabajadores directos, indirectos y a sus familiares. Este panorama ha dejado en evidencia que las empresas mineras que han desarrollado sus actividades en el departamento no han cumplido sus obligaciones ambientales, laborales, sociales y económicas, siendo un compromiso nuestro apoyar las acciones para proteger los derechos de los trabajadores y de las comunidades que habitan el territorio.
La creación de la Comisión Accidental en el Senador de la República para hacer seguimiento y verificación de los daños ambientales y sociales de la minería del carbón en el Caribe Colombiano para atender la crisis generada por la actividad minera de carbón a gran escala en el Caribe Colombiano, es una oportunidad para acercar el Congreso a las comunidades, escuchar sus solicitudes y ser puentes para que el Gobierno nacional no deje en el olvido territorios que han perdido su vocación a causa de la llega de las mineras, quienes creen que su única misión es explotar nuestros territorios e irse dejándonos grandes pasivos ambientales, laborales y sociales. Con el inicio de actividades de esta Comisión Accidental las voces de las comunidades serán escuchadas, sus solicitudes tramitadas y exigiremos respuestas oportunas y veraces de las entidades competentes.
Por esta razón, 19 de noviembre realizamos una Audiencia Pública en el corazón de los municipios mineros. A la Jagua de Ibirico llegó la Comisión Accidental compuesta por 10 senadores de la oposición a escuchar a las comunidades, academia, organizaciones y sindicatos, sobre las implicaciones y expectativas de la región sobre la descarbonización de la economía, los retos que nos impone el Acuerdo de Paris, los impactos ambientales, laborales y económicos en los territorios y el diseño de una hoja de ruta que nos permita liderar acciones y llamados al Gobierno nacional para avanzar en la protección y garantías de defensa y respeto a los derechos fundamentales de los habitantes de los territorios cesarenses.
Es claro, que se requiere del diseño de políticas que nos permitan avanzar en una verdadera transición justa siendo la descarbonización de la economía eje principal de esta. Para ello, se requiere el diseño de acciones y metas que atiendan hacia medios de vida que no consistan en extraer combustibles fósiles; acciones que deben comprender tanto las temáticas ambientales, como laborales, sociales y económicas. Cumplir las metas del Acuerdo de Paris, implica también avanzar en una transición justa donde participen activamente todos los actores de la economía, donde las comunidades y la recuperación integral de su territorio y sus saberes ancestrales sea la preocupación central, no se pude avanzar en el diseño de programas de diversificación minero-energética y en la construcción de políticas de descarbonización si no se comprende las necesidades, inquietudes de las familias y comunidades cuyo sustento es la actividad minera de carbón.
