Las solicitudes que ha surgido desde las regiones para que el gobierno de Gustavo Petro Urrego, acabe con los entes de control en los territorios, surge porque estas, están politizadas, como sucede en el departamento del Cesar; El Periódico ha realizado un seguimiento a los movimientos realizados en la Contraloría Colegiada Gerencia Cesar, desde la llegada de Carlos Hernán Rodríguez Becerra a la Contraloría General de la República.
Liberales, conservadores y el partido de la U, se quedaron con el manejo total del órgano de control. El Presidente de la República, Gustavo Petro, en la búsqueda de conseguir el respaldo de los partidos tradicionales para la aprobación de varias reformas que cursarían en el congreso, les concedió a varios congresistas participación burocrática en ministerios y órganos de control, lo mismo hizo el actual Contralor General para lograr su elección. Hoy tanto presidente como contralor estarían pagando los favores. Así, quedó el panorama en el Cesar.
Partido conservador
El Partido Conservador, en cabeza de los congresistas Alfredo Ape Cuello y Libardo Cruz Casado, se quedaron con los cargos de mayor importancia del órgano de control en el departamento del Cesar.
La Gerencia de la Contraloría Colegiada en el Cesar, es controlada por Alfredo Ape Cuello, a través de Javier Andrés Martínez Daza, hijo de su socio y amigo Joaquín Martínez Urrutia, quien además hace parte de su Unidad de Trabajo Legislativa – UTL. Martínez Daza, antes de llegar al cargo, se encontraba haciendo campaña para aspirar a la Asamblea, por el Partido Conservador.
Martínez Daza, antes de llegar a la Contraloría, estuvo vinculado a la gobernación del Cesar en el departamento jurídico y contratación, desde el año 2021 hasta el 23 de diciembre de 2022, su contrato superaba los 84 millones de pesos. Al tiempo tenía otro contrato con la Personería de Valledupar por $21 millones.
El otro representante a la Cámara con participación en el órgano de control es Libardo Cruz Casado, quién puso a Carlos Alberto Pallares Buelvas, como contralor delegado para asuntos de regalías, esta delegación es quizás una de las más importantes para la colectividad conservadora, debido que su líder, Alfredo Ape Cuello, resultó salpicado en el escándalo de los proyectos PDET financiados con recursos de regalías en esta región del país.
Carlos Alberto Pallares Buelvas, es cuñado de Libardo Cruz, viene proveniente del Hospital Olaya Herrera del municipio de Gamarra, donde estuvo vinculado desde el año 2020 hasta el 2022, como asesor jurídico; recordemos que el municipio de Gamarra es controlado por la familia Cruz, también conocidos como los chanceros por manejar los negocios de las apuestas en este departamento junto a los Calderón.
Liberales y la U
En la mesa de deliberación de La Contraloría, junto a Javier Andrés Martínez Daza, estarán dos contralores provinciales ordinarios, el primero es Camilo Andrés Rangel Rodríguez, ficha del senador José Alfredo Gnecco, quien juega un papel importante dentro de la estructura del Clan Gnecco. Rangel Rodríguez ha estado vinculado a la Gobernación del Cesar, desde el año 2021, en el área jurídica, hasta inicio de 2023, durante ese tiempo firmó tres contratos que suman más de $130 millones de pesos, el último estaba hasta el mes de abril de este año, sin embargo, para llegar a la Contraloría dicho contrato fue liquidado. Rangel Rodríguez también ha estado vinculado, a entes descentralizados del gobierno departamental.
En la lista también aparece Rosa Linda Martínez Montero, quien llegó a la Contraloría de la mano de Carlos Felipe Quintero, la mujer estuvo vinculada al Sena Regional Cesar, entidad que ha estado en mano del ex-representante a la Cámara, Eloy Chichí Quintero, padre de Carlos Felipe Quintero.
Pacto histórico
El partido de gobierno también recibió su participación en la Contraloría, aunque en un cargo con menos injerencia política, se trata del Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, esta quedó en manos de Wilson Alfredo Rojas Carrillo.
