Por Xavier Estrada.
En el día de hoy miércoles 20 de septiembre, fueron enviados a Bogotá los expedientes que reposaban en la sede de la Procuraduría Regional del Cesar, para que sea la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, la que investigue las posibles irregularidades del contrato que celebró la Gobernación del Cesar por más de ciento once mil millones de pesos para la construcción del Anillo Vial de Valledupar. Esta decisión obedece a una instrucción impartida directamente por la Procuradora Margarita Cabello, quién además designó un funcionario especial que tendrá a su cargo todas las actuaciones disciplinarias que se deriven de la licitación pública que quedó en manos del Consorcio Urbe Frontera. Esta medida implica que serán funcionarios del nivel central del ente disciplinario los que tendrán la última palabra en determinar si hubo o no irregularidades en la contratación de esta polémica obra.
Recordemos que esta obra ha recibido toda clase de cuestionamientos por parte de urbanistas ambientalistas y veedores ciudadanos, quienes han señalado que la intervención vial como se propone por parte de la Gobernación podría generar efectos negativos al desarrollo de la ciudad, dado que no se encuentra contemplada en el Plan de Ordenamiento Territorial de la capital cesarence. Así lo ha advertido el Abogado Carlos Añez secretario técnico del Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías (CSIR), quién además impetró una Acción Popular contra el gobierno departamental por la adjudicación de este contrato, argumentando que la construcción de dicho proyecto vial podría estimular la ocupación del suelo en áreas denominadas de expansión urbana, las cuales requieren previamente de un plan parcial para su implementación. También se ha dicho que con esta obra no planificada se estaría promoviendo el crecimiento de la ciudad hacia suelo rural por fuera del perímetro sanitario y por lo tanto sin acceso al servicio de acueducto y alcantarillado. Situación que generará muchos conflictos urbanísticos para la Valledupar del futuro.
Otra de las denuncias que se han hecho, tienen que ver con el interés indebido que presuntamente tendría la administración departamental en el favorecimiento con esta obra a unos predios de la familia del gobernador titular Luis Alberto Monsalvo Gnecco. Se tiene que, en el circuito trazado por la Gobernación para la nueva avenida circunvalar, se encuentra adyacente la vía a La Mesa con inmediaciones del predio “El Consuelo” de propiedad de INVERSIONES MONSALVO GNECCO SAS (En siglas: MONGNE S.A.S.), donde explota un título minero la empresa GEICAR S.A.S., quién a su vez ha sido proveedora de contratistas de la misma Gobernación en poder de esta familia. En MONGNE S.A.S. concurren, entre otros, la actual Gestora Social Cielo Gnecco y Paola Margarita Monsalvo Gnecco, esta última quién funge como representante legal de la firma en cuestión.
Se espera que todos esos asuntos sean investigados ahora por el funcionario especial que designó la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello.
